Lamentablemente, la incidencia del crimen organizado en distintos rubros de la vida pública de nuestro país -incluyendo el ámbito de las elecciones- es una realidad de la que resulta incómodo hablar.
Sin embargo, cerrar los ojos y hacer como si nada ocurriera no es una opción viable para la protección del Estado de Derecho.
El reconocimiento de la problemática es un paso por demás necesario para reflexionar y proponer medidas dirigidas a prevenir y resolver las irregularidades que puedan surgir por la intervención de grupos criminales en los procesos electorales.
Ahora bien, el tratamiento de este complejo fenómeno requiere de un enfoque multidisciplinario, en el que sería indispensable la opinión de personas expertas en materia de seguridad pública.
Dicho lo anterior, la visión de las autoridades electorales resulta también de suma importancia, dada su experiencia en la organización, desarrollo, vigilancia y ejecución de los procesos electorales que se llevan a cabo en el territorio nacional.
Es a partir de esta precisión que en este espacio se propondrá una serie de medidas cuya implementación tendría por objetivo evitar y paliar los posibles efectos de la intervención de grupos delictivos en las elecciones.
El estatus de la cuestión
Antes de eso, hay que reconocer que en asuntos tales como el caso del municipio de Las Margaritas, Chiapas, de 1997, en el que grupos guerrilleros afectaron más del 20% de las casillas del distrito electoral; en el diverso denominado “Hombres de negro” en Torreón; el de la gubernatura de Veracruz de 2010; el de Nahuatzen, Michoacán o en el de Ahuazotepec, en Puebla, se validaron los comicios a pesar de las intervenciones de grupos criminales mediante acciones tales como acoso del electorado, destrucción de casillas o violencia durante la jornada electiva.
Debe destacarse el caso de la gubernatura de Michoacán de 2021, con el secuestro de urnas. Si bien se anuló la votación en aquellos lugares que presentaron esta incidencia, lo relevante del caso fue que, por primera vez, se ordenó al INE que tomara acciones para diagnosticar y atender la incidencia del crimen organizado en las elecciones.
Otro tanto sucedió en el caso de la gubernatura de Tamaulipas, en el que se vinculó al instituto a generar un protocolo de actuación ante estos posibles escenarios de riesgo, lo que a su vez dio paso al “Protocolo para prevenir factores de riesgo en los procesos electorales”, de finales de 2022.
En términos generales, el enfoque del protocolo consistió en reforzar la presencia de elementos de seguridad pública en los actos inherentes a la organización y desarrollo del proceso electoral, lo que a su vez puede generar un efecto disuasorio en términos de participación ciudadana.
Frente al escenario en el que existe participación del crimen en las elecciones, implica la necesidad de reflexionar sobre otros modos de atacar dicha problemática que sean más eficaces en clave de protección de derechos: tanto el del voto de la ciudadanía como los de participación política de los distintos actores, sin olvidar los propios de todo el personal que participa en la organización de los procesos.
Medidas concretas para blindar los procesos electorales
Previo a la jornada electoral
- Bancarizar toda aportación privada destinado a los actores políticos, de tal forma que se tenga plena certeza del origen de los recursos.
- Establecer mecanismos electrónicos para que la ciudadanía, candidaturas y partidos puedan presentar denuncias anónimas, salvaguardando así su identidad y seguridad.
- Bases de datos públicas de las candidaturas.
- Protección especial para candidaturas en los territorios detectados con mayor riesgo de acciones delictivas.
- Ante la imposibilidad ocasional de hacer campañas físicas en condiciones de seguridad, optar por campañas digitales y mayores espacios en medios de comunicación masiva.
- Protección especial para candidaturas y sus familias. cuando se identifiquen factores objetivos de riesgo. Tales medidas podrían continuar hasta la toma de protesta.
Durante la jornada electoral
- Votación anticipada, por internet y/o correo postal, en ciertos municipios y en ciertos distritos, de tal forma que se evite la concentración del electorado de manera masiva durante un solo día.
- Instalación de centros de votación masivos, con presencia de grupos de seguridad pública y en instalaciones oficiales.
- Cambiar el cómputo municipal a las sedes centrales del OPLE o del INE, o bien, a otros municipios en los que se pueda garantizar de mejor manera la seguridad.
Revocación de mandato por intervención del crimen organizado
- En el caso de demostrarse que una candidatura resultó triunfadora por la intervención del crimen organizado cuando ya hubiera tomado posesión del encargo, debe establecerse como sanción la revocación inmediata de su mandato; esta medida, en todo caso, tendría que implementarse en primer término a nivel ayuntamientos.
Conclusión
La problemática de la injerencia del crimen organizado en las elecciones, tristemente, es más profunda de lo que se ha visto en los expedientes.
Acciones de presión para abandonar candidaturas, amenazas para no generar impugnaciones de los resultados electorales, secuestros durante campañas, financiamiento ilícito, candidaturas vinculadas a grupos delictivos y hostigamiento de la policía a la población, son sólo algunos de los hechos que, secretos a voces, arriesgan la integridad de nuestros procesos electorales.
Es por ello que la sociedad civil y las autoridades del Estado debemos unir esfuerzos para llevar a cabo labores de vigilancia y denuncia que impidan la intromisión de grupos delictivos en los procesos electorales.
Está claro que la solución a la problemática no es sólo responsabilidad de las autoridades electorales.
Sin embargo, quienes las conformamos debemos ser parte del debate y colaborar para garantizar que la ciudadanía vote con confianza, integridad y seguridad.
Tratándose de la protección de la democracia, hay que alzar la voz; ante este escenario, el silencio y la indiferencia pueden ser complicidad.
Magistrado Electoral del TEPJF