En el marco de los debates en torno a la reforma electoral que viene, vale la pena considerar que el éxito que pueda tener no sólo depende de que sus contenidos sean completos y pertinentes, sino que además es (totalmente) deseable que sea aprobada bajo el consenso más amplio posible de todas las fuerzas políticas.
Las más exitosas reformas electorales en México han sido aprobadas con la aprobación casi universal de las fuerzas políticas. Así, principalmente las reformas de 1977 y 1996, y en alguna medida la de 2007, se caracterizaron por su carácter consensuado y por haber involucrado a diversos actores del espectro político y social: partidos, académicos, autoridades electorales y ciudadanía.
Desde luego, cada reforma electoral ha tenido sus propios defectos y sus virtudes. Pero un ordenamiento electoral generado por consenso hace que lo aprobado en las normas mantenga una vocación permanente, además de que, con su implementación y práctica, se generen mejores estándares tanto para el sistema democrático como para los derechos políticos.
Cuando se aprobó la reforma política de 1977, si bien las cámaras aún presentaban la composición hegemónica del partido oficial, ésta diseñó un sistema positivo para la participación política de las minorías partidistas.
Como es sabido, se instituyó un modelo mixto en la integración de la cámara de diputados (300 diputados de mayoría y 100 de representación proporcional) y se constitucionalizaron los partidos como entidades de interés público, otorgándose el registro a fuerzas hasta entonces proscritas, como el Partido Comunista. Esos cambios constituyeron la base del posterior pluralismo político mexicano.
Esta histórica reforma, impulsada desde el gobierno, pero a favor de la que era una incipiente oposición, podemos considerarla tácitamente consensuada por todos lo actores políticos de la época.
La reforma de 1996 fue aprobada con explícito consenso multipartidista. Avalada con los votos del PRI, PAN, PRD y PT, significó la creación del entonces IFE (hoy INE) con consejeros independientes. Además, marcó el nacimiento del Tribunal Electoral, como parte del Poder Judicial Federal, para la resolución de controversias electorales y para garantizar el control constitucional en los procesos democráticos. La implementación de esta reforma estableció reglas razonables y fue clave para propiciar mayor equidad en la competencia política y en la participación ciudadana.
También cabe mencionar la reforma de 2007 que, aunque con menos éxito en sus contenidos, fue promovida por la oposición y aprobada por todos los partidos políticos representados en el Congreso: PRI, PAN, PRD, PT, PVEM y Convergencia. en ella se prohibió la contratación directa de propaganda política en radio y televisión por parte de particulares, partidos y candidatos. A partir de ese año el ahora INE asigna tiempos oficiales para propaganda electoral, buscando reducir la influencia del dinero en campañas.
Además, esta reforma restringió la participación de terceros en la contratación de espacios publicitarios, prohibiendo la propaganda que promueva o descalifique a candidatos fuera del tiempo oficial de campaña. Además, se reforzaron las sanciones por violaciones a estas normas.
A la postre, todas esas reformas resultaron eficaces para el juego democrático y fueron paradigmáticas porque se produjeron sobre la base consensual de las fuerzas políticas, más allá de la aislada voluntad del partido mayoritario.
En cambio, las reformas electorales de 1990, 1993, 1994 y 2014 fueron aprobadas con disidencias importantes de las oposiciones respectivas. En las reformas de los años 90, el PRD votó sistemáticamente en contra. En el 2014, Movimiento Ciudadano (MC) y sectores importantes del PT votaron en contra.
De manera general, las reformas que no aglutinaron a todas las fuerzas políticas resultaron poco solventes, por razones diversas: por insuficientes, por parciales, por incompletas, por insignificantes o, incluso, por deficientes (por ejemplo, las deficiencias operativas y debilidades estructurales surgidas de la reforma al federalismo electoral en 2014).
En ese sentido, es deseable que la próxima reforma electoral surja de todas las voces de este maravilloso, diverso y pluricultural país que es México. Que sea una reforma electoral incluyente de todos los sectores y de la que como nación nos sintamos en un futuro orgullosos.
La historia no miente: las mejores reformas electorales, las que verdaderamente resultaron favorecedoras para la calidad de las elecciones y para nuestras prácticas democráticas en México, han sido las consensuadas por todos los partidos, y que además tomaron en cuenta la participación de la academia y de las instituciones electorales.
Cuanto mayor sea el consenso respecto de las reglas electorales, ya sea en condiciones tácitas o expresas, mejores han sido las reformas y mejores los beneficios y perspectivas democráticas para la sociedad mexicana.
Magistrado Electoral del TEPJF