Hace un año, México tuvo su primera elección judicial: un ejercicio inédito que implicó nuevos desafíos. Uno de los más debatidos ha sido las campañas. Se ha dicho que las restricciones normativas, su brevedad y su limitada difusión impidieron generar un debate público robusto. Sin desconocer estas preocupaciones, el tema exige una mirada más amplia.
Detrás de la crítica subyace una premisa errónea; las campañas judiciales no buscaron reproducir las condiciones de competencia de una elección ordinaria, donde se disputan proyectos políticos y se formulan promesas.
Por ello, el modelo de campaña era un reto. El diseño debía evitar, por un lado, escenarios como el estadounidense, donde el financiamiento convirtió las campañas judiciales en ejercicios altamente costosos y expuestos a intereses externos; y, por otro, modelos como el boliviano, donde la restricción casi absoluta de las campañas generó problemas de acceso a la información y legitimidad.
Con ello en mente, el esquema mexicano buscó una vía intermedia: permitir campañas, pero bajo reglas que fijan topes al financiamiento en función del cargo, ordenan la propaganda y establecen canales de difusión definidos. No se trataba de replicar la arena política de las elecciones ordinarias, sino de construir un modelo acorde con la naturaleza de la función.
Desde esta perspectiva, resulta equivocado evaluar las campañas únicamente con criterios de alcance o impacto masivo. Lo relevante es si permitieron difundir los perfiles en condiciones de equidad y brindar a la ciudadanía elementos para identificar a quienes aspiraban a integrar el Poder Judicial.
Ello no excluye la necesidad de ajustes. Los niveles de participación y las dificultades para acceder a información, muestra de que el modelo aún es perfectible, sin desvirtuar su lógica.
Esto resulta aún más claro si se considera que las elecciones judiciales enfrentan desafíos distintos. La experiencia comparada muestra que, incluso en sistemas con mayor trayectoria, la participación suele ser menor y la deliberación más limitada. En Estados Unidos, estos comicios registran baja participación incluso cuando coinciden con otras elecciones; y en Japón, el ejercicio no necesariamente se traduce en una evaluación efectiva de los perfiles.
La elección judicial abrió un ejercicio inédito que, como toda reforma, es perfectible. Más allá de sus resultados inmediatos, nos exige pensar desde nuevos ángulos y sostener una discusión de fondo: cómo acercar la justicia a la ciudadanía sin comprometer su independencia.
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
@FFuentesBarrera
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