Preocupa, que vivir en la ilegalidad en muchos aspectos, sea el clima que impera en esta administración. La conducta oficial así lo viene demostrando. Puede agregarse a la orientación de que primero los pobres, primero no respetar la ley.
Como quisiera de verdad, estar equivocado. Sin embargo, los hechos me dicen que para mal de nuestro gran país, estoy en lo cierto.
La reiterada afirmación del Presidente de la República, de que en contra de la delincuencia el arma deben ser los abrazos y no los balazos, desde el púlpito de una iglesia puede oírse acertada; de ninguna manera cuando es pronunciada por el Titular de un poder, que juró cumplir las leyes y vigilar su acatamiento.
Los resultados de la inoperancia y el fracaso de esa política criminal, si así se le puede llamar a la estrategia de abrazar a los delincuentes, es evidente y de eso tenemos constancia diaria a través de los medios de comunicación, y de los mismos informes oficiales.
Resulta inaudito, el comportamiento tanto de las autoridades federales como estatales, los bloqueos a las vías de ferrocarril que se permiten y de ninguna manera se evitan.
Es muy difícil aceptar que vivimos en un Estado de Derecho, cuando de enero de 2020 a marzo de 2021, haya habido 128 bloqueos en vías de ferrocarril en once entidades federativas.
Michoacán en el lapso mencionado, ha sufrido 95 obstrucciones a las vías de ferrocarril que transitan por ese Estado. Los anteriores datos son proporcionados por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y Kansas City Southern de México.
Las anteriores acciones ilegales han provocado pérdidas millonarias al comercio, como que han generado la pérdida de movilidad del Puerto Lázaro Cárdenas. Se ha creado además, un clima de incertidumbre en los Estados Unidos de usar ese puerto, que en el pasado no existía.
Desde los inicios de este gobierno, se advirtieron esos signos de no considerar importante cumplir las normas jurídicas. La cancelación del aeropuerto de Texcoco, que nos costó miles de millones de pesos por la rescisión indebida de muchos contratos, es una evidencia.
La consulta que también tuvo un innecesario gasto, para la aplicación de la ley, como si para actuar el Ministerio Público en la investigación de los delitos requiriera que el pueblo lo autorizara, motivó se pronunciara un sonoro viva a la ilegalidad.
Otro viva a la ilegalidad, que se calló con la intervención que aunque tardía, pero se dio, del Ministro Presidente de la Corte, cuando se pretendía prorrogar su mandato por dos años.
Y apenas el viernes pasado, un grupo al parecer integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, en Tuxtla Gutiérrez, por dos horas tuvo inmovilizada la camioneta en la que viajaba el licenciado López Obrador.
Si contra el Presidente de la República se atenta de esa manera en perjuicio de sus derechos, los ciudadanos poco podemos esperar en estos momentos en los que, por culpa del gobierno, estamos viviendo esta falta absoluta de seguridad.
Ignoro si de todas estas violaciones a la ley, y de muchas otras que por falta de espacio no menciono, vaya a hablar en su próximo informe.
