Es un estado con facetas diferentes que se enfrentan en la realidad de manera evidente. Reconocemos la riqueza cultural de esta entidad, como su pasado brillante plasmado en ruinas arqueológicas admirables; su gastronomía exquisita y muchas otras manifestaciones que le distinguen de manera singular, como su ancestral pobreza y marcadas desigualdades que hacen sea una región nacional en la que el subdesarrollo es evidente.
En el aspecto político existen también conductas de servidores públicos que de manera ostensible se manifiestan en comportamientos antagónicos. Me referiré a los gobernadores, concretamente al que ahora le toca padecer a la tierra de Juárez.
En los tiempos recientes, hace medio siglo, contó con gobernadores comprometidos realmente con las causas populares y deseos por servir con entrega y honestidad. Tenemos a Bravo Ahuja, a su joven sucesor Fernando Gómez Sandoval y al gran gobernante que fue Pedro Vásquez Colmenares. Ellos y muchos otros buenos servidores públicos, contrastan con Salomón Jara Cruz que, como buen seguidor del nefasto López Obrador, se caracteriza por el nepotismo y corrupción en su administración.
A principios de esta semana, apareció un artículo escrito por él en un periódico nacional, en el que se refiere a la figura jurídica de la “revocación de mandato”, y en el subtítulo de esa colaboración periodística escribió: “seguimos el ejemplo de AMLO”. Cierto, sigue ese ejemplo.
Salomón Jara Cruz, colaboró desde 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas y fue fundador en Oaxaca del PRD. Años después coordinó las campañas presidenciales de López Obrador.
En el gobierno de Gabino Cué, fue Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, en donde fue acusado de un importante desvío de recursos durante su gestión. Su gobierno se distingue, en contra de lo que con insistencia exige la Presidenta, de invitar a parientes a colaborar. Es el caso del Municipio de Oaxaca en donde el presidente municipal Raymundo Chagoya es una figura decorativa, porque quien realmente gobierna es el secretario del Ayuntamiento, Noé Jara, hermano del gobernador.
A propósito de responsabilidades públicas para los familiares, una hija suya es delegada del Infonavit en el estado. Su secretario de Administración, Antonio Morales Toledo, fue acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera de tener vínculos con la delincuencia organizada, y en 2019 fue acusado ante la Fiscalía General de la República de participar en el huachicol.
Lo que constituyó también un hecho de un evidente desaseo económico oficial, fue el pago a un cantante que asistió al festival de la Guelaguetza, y se dijo que había cobrado doce millones de pesos, pago que negó el gobernador, y en una de sus conferencias después de haber desmentido tajantemente ese dicho, le dio la palabra a la Secretaria de Turismo del Estado, Saymi Pineda, quien en esa conferencia, que circuló por las redes sociales, confirmó que se le habían pagado doce millones de pesos.
La ley que regula la “confirmación de mandato”, fue recién reformada. Durante un mes se recabará la opinión popular en cuanto a la permanencia o no del gobernador. Sin ser adivinos, podemos desde ahora, y desde este bello valle de los baches, felicitar no solo al gobernador, sino a todos sus familiares e incondicionales colaboradores, que terminarán este sexenio de pésimo gobierno para la tierra de Porfirio Díaz.
Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM
