El anuncio recién hecho por el Presidente de la República de que se creará una estructura especial en la propia oficina presidencial para manejar los programas sociales, y que con ello estos dejaran de ser coordinados por la Secretaria del Bienestar, implica una modificación a la Ley Orgánica del Gobierno Federal.

Son modificaciones legales, pero no se pueden hacer al arbitrio presidencial, sino tienen que ser autorizadas por el Legislativo.

Tarea difícil del Consejero Jurídico de la Presidencia, hacer del conocimiento del Titular del Ejecutivo, que nuestro país es de instituciones y se regulan por leyes.

Para que se cree esa coordinación presidencial, lo apegado a Derecho, sería se anunciara que se iba a enviar una iniciativa de reformas para que esas tareas encomendadas a una Secretaría de Estado, dejaran de serlo.

Entendemos la preocupación que anima ese propósito, y que es estrictamente de carácter electoral ante los resultados obtenidos el pasado 6 de junio; sin embargo, las modificaciones legales tienen que ser legales, y no como se llama este artículo.

Por otra parte, y dentro del mismo tema, en su reciente gira por el Estado de Baja California, dio a conocer que con el fin de ampliar los programas sociales, les pedirá a los nuevos gobernadores que apoyen a la Federación para sostener y ampliar los programas sociales.

Enhorabuena que se puedan dar esas ayudas tanto a personas discapacitadas, como a las escuelas para que se tenga un presupuesto que las mejore. La solicitud que planteará López Obrador a los gobernadores de Morena, con toda seguridad será atendida. Lo mismo se ha dicho que se incrementarán los montos de las pensiones que reciben los adultos mayores.

Y si es loable ese tipo de acciones, debemos de entender que los recursos que se destinen a esas erogaciones, descuidaran otras tareas que también merecen de una especial atención. Los presupuestos se elaboran por quienes mejor conocen, los ingresos nacionales y su mejor destino.

Las necesidades de nuestro gran país son muchas. Los problemas de seguridad y de salud son rubros prioritarios que deben de contar con la suficiencia presupuestaria para ser debida y puntualmente atendidos.

La idea que anima la entrega de estas ayudas económicas, es orientar el sentido de la votación, ya que desde ahora se está pensando en las elecciones del 2024.

Pero no debe perderse de vista, que en ocasiones, el ciudadano puede recibir una ayuda económica, y votar por un Partido diferente. El Presidente de la República cuando fue candidato, exhortaba a la población a que recibieran las ayudas que pudieran darles en las campañas, y que votaran en el sentido que desearan.

Otra modificación legal que es ilegal, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la haya considerado procedente, es la que se va a materializar el próximo primero de agosto.

La ilegalidad manifiesta de esa propuesta, es que se somete a la voluntad popular el cumplimiento de la ley. Si una persona ha cometido un delito debe ser investigada, procesada y condenada, y no se requiere que el pueblo lo apoye, es una idea absurda.

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.

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