A lo largo de 2025 coexistieron, según datos oficiales, la reducción sostenida de la violencia letal y episodios críticos de violencia regionalizada. La disminución de homicidios dolosos fue cercana al 37% en el promedio diario durante los primeros 14 meses de la actual administración y 7 estados concentraron aproximadamente el 51% de las víctimas a nivel nacional: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán. Por su parte, enfrentamientos, asesinatos, bloqueos y ataques a infraestructura estados como Sinaloa y Michoacán obligaron al despliegue reforzado de fuerzas federales.
Destacaron durante el año operativos de gran escala contra el crimen organizado, con miles de detenciones por delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 20 mil armas y 311 toneladas de droga y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de metanfetaminas, al tiempo que persistieron delitos que afectan directamente la vida cotidiana, como la extorsión, que alcanzó cifras históricas y se consolidó como uno de los principales factores de preocupación social. Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que entre enero y noviembre de 2025 hubo 10,322 víctimas de extorsión, la cifra más alta desde que existen registros oficiales.
La extorsión se ha consolidado como un delito de alcance nacional, con mayor concentración en el Estado de México, la Ciudad de México y Guanajuato, y con efectos que impactan a personas, migrantes, comercios, pequeñas y medianas empresas y economías locales. Hace un par de semanas, en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se aprobaron acuerdos para homologar la Ley General contra la Extorsión, establecer su persecución de oficio e incorporar herramientas como el registro de líneas telefónicas. Su efectividad dependerá de fortalecer la investigación y reducir la impunidad.
La percepción de inseguridad se mantuvo elevada en 2025. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del tercer trimestre de 2025 del INEGI, 63% de la población mayor de 18 años consideró insegura su ciudad, frente a 61% registrado en el mismo periodo de 2024. Culiacán, Irapuato, Chilpancingo, Ecatepec y Cuernavaca concentraron los niveles más altos de percepción de inseguridad, mientras que San Pedro Garza García, Piedras Negras y la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México se ubicaron entre los más bajos. Estos resultados muestran que, pese a las reducciones en algunos delitos de alto impacto, la percepción social de inseguridad sigue siendo un desafío persistente.
En la atención a las causas de la violencia sigue siendo necesario fortalecer acciones y recursos para enfrentar los factores estructurales que la generan y reproducen. Las intervenciones requieren un diseño técnico e integral que permita cambios sostenibles, atendiendo la exclusión social, la falta de empleo, la debilidad institucional y el consumo de sustancias. La ENCODAT 2025 muestra que el consumo de drogas en la población de 12 a 65 años aumentó de 10.3% a 14.4%, el consumo de drogas ilegales pasó de 9.9% a 13.1% y los estimulantes tipo anfetamínico de 0.9% a 1.5%, con incrementos concentrados en adultos. Además, 8.1% de la población reporta malestar psicológico y se observan mayores niveles de ideación e intento suicida en adolescentes, lo que evidencia retos persistentes en prevención, tratamiento y atención de la salud mental, factores clave para reducir la violencia.
Cabe reconocer la voluntad política, las estrategias y los avances en seguridad de la actual administración, reflejados en la reducción de la violencia letal y una mayor capacidad operativa del Estado. El balance del año, sin embargo, mantiene en el centro de la agenda el fortalecimiento de las capacidades estatales y municipales, la persistencia de la extorsión como delito de alto impacto y la consolidación de una atención a las causas basada en evidencia, intervención territorial y coordinación multisectorial, de la que dependen crecientemente los resultados nacionales.