Las muertes de personas migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) más que ser casos aislados reflejan un patrón preocupante en el endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump. En 2025 se registraron 31 fallecimientos —la cifra más alta en dos décadas— y en lo que va de 2026 ya suman al menos 14, en un sistema que mantiene cerca de 60 mil personas detenidas.
Con 14 connacionales fallecidos en centros de detención o en operativos vinculados al ICE, los mexicanos representan el 31% de las muertes registradas, en un contexto en el que más de 177 mil han sido detenidos. Al menos cuatro de estos casos —incluido el de Royer Pérez Jiménez, de 19 años— han sido clasificados como “suicidios” en instalaciones donde existen denuncias por condiciones insalubres, negligencia médica, deficiencias en salud mental, aislamiento, abusos y falta de acceso a defensa legal, lo que obliga a mirar con enorme cautela las versiones oficiales y a buscar más información al respecto.
Casos recientes refuerzan las inconsistencias: José Guadalupe Ramos-Solano murió tras ser encontrado inconsciente en el centro de Adelanto, California, donde se han registrado al menos cuatro muertes de mexicanos desde 2025, como la de Alberto Gutiérrez Reyes quien falleció tras reportar dolor en el pecho sin recibir atención médica.
Como parte de su respuesta, el gobierno mexicano ha enviado notas diplomáticas por cada uno de los casos y anunció que se sumará como amicus curiae a la demanda colectiva contra el centro de detención de Adelanto, California, interpuesta por Public Counsel, en la que se documentan condiciones insalubres, aislamiento punitivo y graves deficiencias en la atención médica y de salud mental. En paralelo, México informó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vía que permite documentar los abusos, darles visibilidad internacional y generar insumos para litigios en Estados Unidos; sin embargo, sus resoluciones no son vinculantes para ese país, ya que Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni reconoce la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Frente a una administración como la de Donald Trump, que ha mostrado desdén por instancias internacionales y por la diplomacia, su impacto directo es limitado. Por ello, resulta fundamental, además de lo anunciado, impulsar litigios estratégicos en cortes federales estadounidenses, que han demostrado ser la vía más efectiva para frenar algunas medidas migratorias.
Un ejemplo claro fue el intento de eliminar el programa DACA, bloqueado en tribunales federales tras múltiples demandas; otro caso relevante fue la política de separación familiar en la frontera, que derivó en órdenes judiciales para detener estas prácticas y obligar al gobierno a reunificar a niñas y niños con sus familias; y más recientemente, el caso del centro de detención conocido como “Alcatraz de los Caimanes” en Florida, donde una jueza federal ordenó frenar su expansión y operación tras demandas que evidenciaron irregularidades legales. Asimismo, es necesario avanzar en una respuesta articulada en bloque con otros países cuyos ciudadanos también han sido afectados.
En este contexto, la reciente designación de Roberto Velasco al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores ojalá sirva para fortalecer la respuesta de México frente a estos desafíos. Su paso por la Subsecretaría para América del Norte y su conocimiento de la relación con Estados Unidos podrían contribuir a mantener el tema en la agenda y a ampliar las vías de protección, defensa legal y acompañamiento a la comunidad mexicana en ese país, en un momento en el que los riesgos y desafíos son cada vez mayores.
@EuniceRendon
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