En los últimos 5 meses, la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha derivado en un patrón creciente de abusos documentados y difíciles de justificar. Con 73?mil detenidos, la cifra más alta registrada, las detenciones aumentaron 75% respecto a enero de 2025, con 73% sin antecedentes penales. A ello se suman detenciones sin orden judicial, perfilamiento racial y la omisión del registro inmediato de las personas detenidas, lo que dificulta su localización y obstaculiza el acceso a una defensa efectiva. Bajo la administración Trump, ICE ha detenido al menos a 170 y asesinado a dos estadounidenses, mientras que 32 migrantes han muerto bajo custodia del gobierno y más de 400 menores han sido retenidos por más de 20 días, en violación del Acuerdo Flores.
Los operativos se han concentrado en ciudades santuario, especialmente las gobernadas por rivales de Trump. Tras la aprobación de la Ley Grande y Hermosa, la policía migratoria ha ampliado sus recursos y capacidad operativa. Actúa como una fuerza militarizada, con uso excesivo de la fuerza y sin mecanismos de rendición de cuentas. Videos y testimonios muestran a agentes del ICE realizando acciones que recuerdan más a un aparato de control y persecución que a policías civiles. La respuesta del gobierno federal ha sido una defensa acérrima de sus agentes y políticas, lo que ha profundizado el deterioro de la credibilidad institucional. Además, ha buscado deslegitimar a las víctimas como Renée Good y Alex Pretti y amedrentar a quienes los cuestionan.
Bovino, quien estuvo a cargo del operativo en Minnesota hasta hace unos días, llegó a amenazar a quienes “insulten” a las fuerzas del orden o las comparen con la Gestapo. La secretaria Noem, la vocera más agresiva del gobierno defendió a los agentes falseando la realidad y calificó tanto a Good como a Pretti de “terroristas domésticos” sin permitir investigaciones, alimentando la percepción de una falta de transparencia institucional.
Los excesos del ICE han derivado en múltiples demandas federales por detenciones sin orden judicial ni causa probable, en violación de la 4a Enmienda; por condiciones de reclusión inhumanas, como hacinamiento, atención médica deficiente y restricciones al acceso a la defensa; así como por la transferencia y retención irregular de menores y los arrestos en tribunales. Las denuncias se repiten en distintos puntos del país e incluyen también el hostigamiento a observadores civiles estadounidenses que documentan operativos migratorios, en contravención de la 1a Enmienda.
La postura despótica del gobierno encontró un límite político y social con el asesinato de Pretti a días del de Good y con la detención de Liam, un niño de 5 años arrestado por ICE. Dos de los agentes implicados en el asesinato del enfermero fueron suspendidos, y la crisis obligó a Trump a moderar su discurso. Lo que hasta ahora había sido una defensa rotunda de la mano dura, se ha transformado en un discurso sobre “investigaciones en curso”, “revisión de protocolos” y llamados a bajar la tensión política y social, en un intento evidente por contener la indignación pública y la presión ciudadana contra la violencia institucional. A la par, Tom Homan ha iniciado campañas para moderar el tono de las críticas hacia el ICE.
Las estrategias agresivas de la administración Trump han tenido un efecto adverso en la opinión pública. Según una encuesta, 53% de los estadounidenses desaprueba la política migratoria de Trump, mientras que 58% considera que las acciones del ICE han ido demasiado lejos.
Aun cuando muchos estadounidenses respaldaban las políticas migratorias de Trump, el abuso sistemático en contra de su población, la impunidad y la violación de principios básicos terminaron por erosionar su legitimidad interna. A pocos meses de las elecciones intermedias, la popularidad de Trump está en descenso. Queda por ver si su gobierno será capaz de corregir el rumbo y recuperar el respaldo social indispensable para sostener su autoridad.