Ayer fui invitada a presentar en la Facultad de Derecho de la UNAM, junto con Arturo L. Cossío, el libro Feminicidio en México: un asunto de agenda pública y perspectiva de género, de Blanca Ivonne Olvera. La obra, que realiza un recorrido por la evolución jurídica, institucional y conceptual del feminicidio en nuestro país, abre una discusión urgente sobre cómo investigamos, registramos y enfrentamos la violencia más extrema contra las mujeres.
Pese a la resistencia política e institucional de diversos sectores, el feminicidio fue incorporado al Código Penal Federal en 2012. Algunos legisladores y juristas consideraban que no era necesario crear un delito nuevo, pues veían a esta conducta como simples casos aislados del homicidio. Tras una larga lucha se reconoció que existía una violencia sistémica contra mujeres; su tipificación permitió visibilizar patrones de violencia de género que por mucho tiempo quedaron ocultos bajo otras clasificaciones.
Durante décadas —y, lamentablemente todavía hoy— muertes violentas de mujeres son clasificadas como suicidios, accidentes u homicidios, sin considerar el contexto de violencia de género que las rodea. La obra tiene el acierto de poner rostro y nombre al feminicidio y recordar casos emblemáticos que han marcado la discusión pública en México como el de Mariana Lima y Lesvy Berlín: en ambos casos, las autoridades sostuvieron inicialmente que se trataba de suicidios. Solo la persistente lucha de la madre de Mariana y la movilización de la familia, estudiantes y colectivos en el caso de Lesvy lograron esclarecer que se trató de feminicidios. Estos precedentes evidencian cómo los prejuicios institucionales y las deficiencias investigativas pueden distorsionar la verdad y comprometer la justicia para las víctimas.
La doctora Olvera plantea dos propuestas principales para mejorar la investigación de los feminicidios. La primera —que también ha sido respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum— es que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen inicialmente como feminicidio, activando desde el primer momento los protocolos específicos, incluyendo necropsias con perspectiva de género y análisis pericial de contexto. Estos estudios permiten examinar signos de violencia sexual, lesiones previas, antecedentes de violencia familiar o de pareja y las condiciones del entorno, reconstruyendo la relación de la víctima con su contexto. Al documentar patrones de violencia que suelen permanecer invisibles cuando la muerte se investiga solo como homicidio, este enfoque fortalece la investigación y contribuye a esclarecer los hechos. La propuesta va más allá del criterio de la Suprema Corte, que estableció que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con perspectiva de género.
La segunda consiste en hacer obligatorio el análisis pericial de contexto de violencia de género, en lugar de dejarlo a la discreción de las autoridades. Un dictamen especializado permitiría reconstruir antecedentes de violencia, identificar focos rojos, generar líneas de investigación y aportar indicios clave para determinar responsabilidades penales. Este enfoque reconoce que el feminicidio rara vez ocurre de manera aislada y suele estar precedido por múltiples formas de violencia —física, sexual, psicológica o económica— que, al identificarse a tiempo, podrían prevenir el delito y garantizar un acceso más efectivo a la justicia.
Los recientes asesinatos de Karol Toledo y Kimberly J., en Morelos, recuerdan que la violencia feminicida también alcanza a los entornos universitarios. A pesar de que las cifras de feminicidio se han reducido en los últimos dos años, el desafío sigue siendo enorme.
Nombrar el feminicidio, investigarlo con rigor y prevenir las violencias que lo anteceden es una tarea urgente. Detrás de cada cifra hay vidas truncadas, familias que buscan respuestas y comunidades que exigen justicia. Mientras continúe la violencia contra las mujeres y sigamos llegando a su forma más extrema —el feminicidio—, la responsabilidad del Estado y de la sociedad es actuar con decisión para romper esa cadena de violencias. “Ni una más” no es solo una consigna: es un imperativo ético y una obligación colectiva de garantizar verdad, justicia y no repetición.
@EuniceRendon