Nicolás Maduro y su esposa fueron secuestrados en Venezuela y trasladados a Estados Unidos para enfrentar a la justicia norteamericana, un episodio que provocó reacciones encontradas a nivel global. Mientras algunos sectores defienden la intervención como un paso necesario para recuperar la democracia, otros reivindican la soberanía y el respeto al derecho internacional, incluso frente a abusos internos.
Mientras el debate ideológico se polariza, Venezuela y Estados Unidos actúan con pragmatismo en un escenario incierto. Delcy Rodríguez permanece en el poder bajo observación estadounidense, avanzan negociaciones sobre petróleo, sanciones e infraestructura y el gobierno ha anunciado la liberación de presos políticos, sin que esté claro hacia dónde se encamina el país ni cuáles serán las reglas del nuevo equilibrio.
Es innegable el saldo desastroso del gobierno venezolano: ocho millones de personas forzadas al exilio, detenciones arbitrarias, fraude electoral y abusos de todo tipo. Un régimen así alimenta el discurso intervencionista y el sentir de millones de venezolanos que celebran la caída de Maduro a partir de su propia historia y de los males padecidos, aunque no lo legitima. Estados Unidos ha utilizado históricamente la defensa de la democracia y los derechos humanos como marco para justificar intervenciones que responden a intereses estratégicos.
Con Donald Trump, ese velo humanitario se abandona. No apela a la promoción de la democracia, sino que justifica el uso de la fuerza en nombre del combate al narcotráfico, el orden y la seguridad hemisférica. La contradicción persiste: una potencia que se asume democrática recurre a acciones unilaterales, ignora la diplomacia y normaliza el uso de la fuerza, aceptando un espejismo de legalidad que sigue subordinando los principios a los intereses.
Hay dos victorias preliminares para Estados Unidos. La primera es la confirmación de que puede imponer su voluntad sin enfrentar grandes consecuencias, recurriendo a la fuerza en un contexto donde el multilateralismo, el papel de la ONU y otras instituciones internacionales está debilitado. Los demás Estados observan impotentes un abuso que también los amenaza: desde intimidaciones a Petro en Colombia y a Canel en Cuba, hasta alusiones a posibles intervenciones en México, la recuperación del control del Canal de Panamá y la toma de control de Groenlandia.
La segunda, quizá menos tangible en lo inmediato, pero igual de peligrosa, es haber logrado que amplios sectores sociales celebren la captura de Maduro como un triunfo colectivo. Lo que resulta cada vez más claro no es solo la aceptación y naturalización del uso de la fuerza y del fracaso de la diplomacia, sino el avance de discursos extremos que han convencido a muchas personas de que una invasión norteamericana puede interpretarse como un acto de liberación.
Es más, el discurso de Washington cada vez se molesta menos en disfrazar sus verdaderos intereses.
Estamos en una guerra narrativa donde sectores ideológicamente opuestos se disputan el discurso, cuando lo que realmente está en juego es la reafirmación hegemónica de Estados Unidos en nuestra región, en un contexto donde el multilateralismo y el derecho internacional han mostrado su ineficacia. No importa tanto la invasión armada como su representación: este nuevo relato relativiza la soberanía y la legalidad. Todo se justifica porque la percepción del público ya ha sido moldeada por una estrategia de comunicación calculada. El poder de Estados Unidos no reside solo en la fuerza militar que permitió secuestrar al presidente Maduro, sino también en su capacidad de controlar la narrativa.
Es válido reconocer los abusos del gobierno venezolano y, al mismo tiempo, alertar sobre un intervencionismo que amenaza a toda la región. No está claro si las acciones de Estados Unidos buscan controlar recursos estratégicos o disputar recursos frente a Rusia, Irán o China, pero sí es evidente una reconfiguración del poder basada en la imposición. El mensaje es inquietante: Washington puede actuar discrecionalmente contra redes criminales, gobiernos incómodos o Estados estratégicos.
@EuniceRendon