En los últimos años, las redes sociales, las plataformas de comunicación y las herramientas tecnológicas han ampliado nuestras formas de interacción, de información y de participación. Sin embargo, también se han convertido en un nuevo escenario donde se reproducen y amplifican distintas formas de violencia.
La violencia que se ejerce en el entorno digital no es menor ni abstracta; se manifiesta a través del acoso, la difusión de contenidos íntimos sin consentimiento, las amenazas, la humillación pública, la suplantación de identidad o la persecución sistemática en redes y estas conductas afectan a diario la dignidad, la seguridad, la privacidad y la libertad de miles de mujeres y niñas. Busca silenciar sus voces, limitar su participación o de plano expulsarlas de los espacios públicos y digitales.
Frente a esta realidad, es fundamental reconocer que la violencia digital no es un fenómeno aislado. Forma parte de un entramado de violencias más amplio que históricamente han afectado a las mujeres y que hoy adquieren nuevas formas en el entorno tecnológico.
Por ello, distintas instituciones del Estado mexicano junto con plataformas digitales recientemente han anunciado un acuerdo de colaboración orientado a visibilizar y atender las violencias en el ámbito digital. Este tipo de iniciativas representan un paso importante para construir una cultura de respeto en el uso de la tecnología a fin de fortalecer la responsabilidad compartida en la prevención de estas conductas.
Desde la Fiscalía General de la República, abordamos con atención estos esfuerzos y reiteramos nuestra convicción institucional: la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas, debe ser atendida con seriedad, sensibilidad y responsabilidad por parte del Estado, ya que el desafío que enfrentamos no es menor.
La velocidad con la que evoluciona la tecnología, continuamente plantea nuevos retos para las instituciones encargadas de procurar justicia lo que exige fortalecer capacidades, generar conocimiento especializado y, sobre todo, comprender que las violencias digitales causan impactos reales en la vida de las personas.
La Fiscalía General de la República, atenta a esta transformación, continua fortaleciendo sus recursos institucionales para enfrentar las distintas expresiones de violencia, incluidas las que ocurren en el entorno digital que afectan a todas las personas, particularmente a las mujeres.
Combatir estas conductas implica escuchar a las víctimas, identificar las nuevas dinámicas de agresión que surgen en los espacios digitales y actuar con perspectiva de género en la investigación y atención de los casos.
También conlleva reconocer que el acceso a una vida libre de violencia es un derecho, no un privilegio por lo que las tecnologías deben servir para ampliar libertades, no para reproducir desigualdades o normalizar agresiones.
Es un reto colectivo. Requiere de la participación de instituciones, plataformas digitales, sociedad civil, ciudadanía y familias. También precisa del compromiso del Estado para propiciar entornos —físicos y digitales— donde las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos.
La violencia digital es una aberración, tenemos que estar a la altura del reto.