El feminicidio es una violación grave a los derechos humanos, con un impacto profundo en la sociedad; detrás de cada caso, hay una historia, una familia, una exigencia legítima de justicia que no puede ser ignorada.
Por ello, a iniciativa de la Presidenta de México, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de la República, se impulsa la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el delito de Feminicidio, cuya propuesta busca fortalecer la capacidad del Estado para proteger, actuar con oportunidad, investigar, así como garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas.
La gravedad del Feminicidio y su ocurrencia en todo el país, requiere una forma homologada de entenderlo, investigarlo y sancionarlo. Con esta ley se establece un tipo penal homologado, con criterios precisos en razón de género, se reconocen elementos fundamentales como la existencia de violencia previa, los signos de violencia sexual, las relaciones de poder o los contextos de discriminación.
La propuesta también establece sanciones firmes que prevén penas de 40 a 70 años de prisión, así como agravantes que permiten aumentar la sanción en casos de mayor vulnerabilidad, como cuando se trata de niñas, adolescentes, mujeres embarazadas o personas pertenecientes a comunidades históricamente discriminadas. Además, contempla la protección de los huérfanos, la pérdida de derechos del feminicida como la patria potestad, la tutela o beneficios sobre bienes vinculados a las víctimas, la atención integral, acompañamiento jurídico y la garantía de reparación del daño.
Uno de los cambios más relevantes de la ley, es que ante la pérdida violenta de la vida de una mujer, el Estado debe responder desde el primer momento con la presunción de un feminicidio, esto, con modelos de investigación exhaustiva que apliquen el más alto nivel de cuidado, incorporando perspectiva de género, protocolos especializados y una debida diligencia reforzada para que cada caso sea atendido con eficiencia y sensibilidad hacia las víctimas.
También, se fortalece la estructura institucional al plantear que las fiscalías cuenten con unidades especializadas con personal certificado.
La homologación de criterios para la atención al delito, si bien es indispensable, también se requieren políticas públicas que prevengan este delito, por ello la ley incluye una propuesta de prevención con mecanismos de coordinación entre instituciones y herramientas que permiten entender mejor el fenómeno para actuar de manera preventiva: tamizajes de riesgo feminicida, protocolos homologados que permitan la intervención institucional antes de que el delito ocurra, así como mecanismos de protección para las mujeres en riesgo.
Porque a quienes que han perdido a una hija, a una madre, a una hermana, el Estado les debe verdad, justicia y reparación
Para quienes se encuentran en riesgo, el Estado les debe proveer seguridad y protección, Estas acciones implican reconocer el problema y actuar en consecuencia.
Proteger a las mujeres, a las niñas y a quienes han sido invisibilizadas: es una obligación que debemos asumir con convicción.