La desaparición de personas es una de las expresiones más dolorosas y complejas de violencia porque no sólo vulnera derechos fundamentales, sino que también lastima profundamente el tejido social y coloca a miles de familias en dolorosa incertidumbre y en una búsqueda permanente de verdad y justicia. Frente a esta realidad, es imprescindible una respuesta de Estado que articule acciones e implemente estrategias interinstitucionales. Se trata de un delito que no reconoce fronteras ni competencias limitadas; atraviesa jurisdicciones, contextos y capacidades institucionales. Por ello, la coordinación entre fiscalías, autoridades de los distintos órdenes de gobierno y la colaboración con los familiares de las víctimas, colectivos y las personas buscadoras no es opcional, es ineludible.
En el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y del Encuentro Nacional sobre Investigación y Persecución de la Desaparición de Personas, un espacio de trabajo en el que participaron diversas instituciones del Estado mexicano, hemos coincidido en la necesidad de consolidar una actuación conjunta que permita unificar criterios de investigación, mejorar el intercambio de información, fortalecer nuestras unidades especializadas, robustecer la acción penal frente a quienes cometen estos delitos y hacer uso de herramientas tecnológicas para mejorar los procesos de búsqueda e identificación.
En la mayoría de los casos, la tarea central consiste en investigar para identificar al responsable, llevarlo ante los tribunales y obtener una sanción; sin embargo, lo más urgente e importante siempre es encontrar a las personas. En esto, la participación directa de las familias en las tareas de búsqueda constituye un derecho que fortalece las acciones institucionales. A la par, las autoridades debemos garantizar que sean informadas de manera clara, oportuna y continua sobre los avances, asegurando en todo momento un trato digno, respetuoso y sensible.
El actuar institucional debe observar la debida diligencia reforzada, lo que implica desplegar todas las acciones necesarias con oportunidad y profesionalismo, evitando en todo momento la revictimización. La atención hacia las víctimas y sus familias debe realizarse con pleno respeto a su dignidad.
Asimismo, es indispensable incorporar un enfoque diferenciado y una perspectiva interseccional, ya que no todas las desapariciones ocurren en las mismas condiciones ni impactan de igual forma. Factores como el género, la edad, la discapacidad, el origen étnico, la condición social o la situación migratoria exigen respuestas específicas. Reconocer estas diferencias permite una actuación más adecuada a cada contexto. Por tanto, es esencial fortalecer la capacitación del personal mediante procesos permanentes de formación, evaluación y certificación. Solo así es posible contar con las capacidades técnicas que permitan actuar con oportunidad, sensibilidad y pleno respeto a los derechos de las víctimas y sus familias.
La búsqueda de verdad y justicia requiere constancia, profesionalismo y responsabilidad institucional, pero, sobre todo, exige no perder de vista lo esencial: encontrar a las personas. Solo así la justicia podrá llegar a cada familia.