El 16 de enero de 1916, en plena Revolución Mexicana, 620 mujeres, principalmente maestras, se reunieron en el Teatro Peón Contreras de Mérida, Yucatán, para celebrar el Primer Congreso Feminista del país. Este evento fue trascendental: por primera vez en la historia se cuestionaron de manera organizada y pública temas considerados intocables, marcando el inicio colectivo de la lucha por los derechos políticos y sociales de la mujer en el México moderno. Con este acto de audacia revolucionaria, las mujeres dejaron de pedir permiso para ser vistas y comenzaron a exigir el derecho a ser tomadas en cuenta y escuchadas.
Entre las asistentes destacaron Hermila Galindo, secretaria particular de Venustiano Carranza y una de las primeras en pedir el voto femenino y hablar de educación sexual; Elvia Carrillo Puerto, incansable luchadora por el sufragio y los derechos de las campesinas; Beatriz Peniche Barrera, maestra, escritora y periodista; Raquel Dzib Cicero, así como Rosa Torres González, Amalia Gómez Flota de Aguilar y Consuelo Zavala, entre muchas otras. Debatieron el derecho al voto, al divorcio, a la educación laica, a la igualdad salarial y a la emancipación económica. Sacudieron la moral de su época al hablar de igualdad intelectual, de sexualidad femenina y, de manera pionera, afirmaron el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Este principio de autonomía corporal encontraría un eco organizado años después, en 1922, también en Yucatán, con un movimiento feminista liderado por Esperanza Velázquez, quien abogó explícitamente por la planificación familiar y el control natal, demandas fundamentales en la agenda del feminismo mexicano.
El Congreso, que inauguró en México la discusión pública sobre la ciudadanía plena, la autonomía corporal, la justicia económica y la participación política de las mujeres, tiene un legado tangible: un marco jurídico avanzado, con leyes federales y locales progresistas en materia de violencia de género, derechos laborales y la paridad constitucional que ha dado lugar a uno de los Congresos más equitativos del mundo en términos de género. Además, impensable hace apenas dos décadas, ocupamos cargos públicos a la par que los hombres, gubernaturas, jefatura de gobierno y nada menos que la Presidencia de la República.
Sin embargo, la igualdad sustantiva a la que aspiramos todavía está pendiente.
La aplicación de las leyes es desigual; la paridad numérica no garantiza automáticamente una agenda feminista transformadora; persisten la brecha salarial y la sobrerrepresentación en el trabajo informal y en el trabajo de cuidados no remunerado. Los derechos conquistados, incluido el fundamental derecho a decidir sobre el cuerpo, aún no son una experiencia cotidiana para todas, especialmente para las mujeres indígenas, afromexicanas, campesinas, migrantes y pobres.
A 110 años de ese pionero Congreso Feminista de Yucatán, honrar la memoria de aquellas valientes mujeres que abrieron la puerta a la “posibilidad de lo imposible” es imprescindible, y nos corresponde a todas y todos seguir avanzando por ese umbral hasta que la justicia, la igualdad y la autonomía plena sobre nuestras vidas y cuerpos no sean una excepción, sino la norma.
Fiscal general de la República