El 19 de febrero de 2006, una explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, arrebató la vida de 65 trabajadores y dejó durante años a sus familias sin certeza plena sobre el destino de sus seres queridos. Pasta de Conchos no es únicamente el nombre de un sitio; es el símbolo de una deuda que el Estado tiene con las víctimas cuando la tragedia se prolonga en el tiempo.
Con el paso de los años, también quedó claro que la justicia fue relegada por el interés económico y político, dejando en la zozobra a las y los deudos.
En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador el Estado mexicano asumió una nueva ruta a través del Plan de Justicia, orientado a la recuperación de los cuerpos de los trabajadores, al diálogo directo con las familias y al reconocimiento de que el tiempo no cancela la obligación de justicia. Con esa decisión, el caso dejó de considerarse cerrado y pasó a ser una responsabilidad permanente del Estado.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado continuidad al Plan de Justicia, manteniendo los trabajos de recuperación e identificación y refrendando que la memoria de las víctimas no pertenece al pasado, sino a la responsabilidad presente de las instituciones.
El pasado viernes acudimos a Pasta de Conchos para reunirnos con las familias. Escucharles, acompañarles y reiterar que la procuración de justicia seguirá avanzando con enfoque humano, colocando a las víctimas en el centro, garantizando la reparación del daño y trabajando para la no repetición.
En este proceso, la Fiscalía General de la República tiene la responsabilidad de investigar qué ocurrió y contribuir a la búsqueda de la verdad. Por ello, la institución ha participado activamente en las acciones de recuperación e identificación.
En los meses recientes se han realizado 248 intervenciones periciales con la participación de nueve especialidades —criminalística de campo, antropología física, arqueología forense, genética forense, medicina forense, odontología, fotografía, audio y video—; se han llevado a cabo más de 40 reuniones periódicas de carácter ministerial y 124 visitas al sitio por parte del Ministerio Público de la Federación encargado de la carpeta de investigación en Coahuila. Como resultado, se han identificado restos correspondientes a 23 mineros y se han efectuado 23 entregas dignas a sus familias, con acompañamiento institucional permanente.
Cada una de estas acciones responde a un mismo propósito: acercar la verdad a las víctimas y construir una justicia integral.
La finalidad es fortalecer la coordinación con todas las instancias del Estado mexicano, pues la justicia requiere acción conjunta y continuidad. A veinte años, Pasta de Conchos nos recuerda que la justicia debe responderle al pasado para cuidar el futuro. La memoria exige responsabilidad, y la responsabilidad, honradez en todos los sentidos.
Esa es la guía permanente de la Fiscalía General de la República: una procuración de justicia cercana, investigación profesional para saber qué sucedió, con humanismo y comprometida con las víctimas.
En memoria de los 65 mineros que perdieron la vida, su historia nos compromete a no permitir nunca más el silencio frente al dolor.
Fiscal general de la República