La extorsión es uno de los delitos que más profundamente lastiman a la sociedad. Afecta de manera directa a las familias, a los pequeños, medianos y grandes comercios que todos los días trabajan para salir adelante. Genera pérdidas económicas, produce miedo, incertidumbre y debilita el tejido social impactando la vida cotidiana de comunidades enteras.
Por ello, el combate a la extorsión es una responsabilidad institucional, una política de Estado que exige firmeza, coordinación y resultados. Esta precisamente fue la convicción que dio origen al Primer Encuentro Nacional de Procuradurías y Fiscalías Estatales en Materia de Secuestro y Extorsión, concebido para emprender y coordinar una respuesta conjunta frente a un fenómeno que crece y que afecta profundamente la tranquilidad social.
Los avances logrados en la reducción de otros delitos de alto impacto con la Estrategia Nacional de Seguridad, muestran que cuando las instituciones se coordinan, los resultados se producen. Sin embargo, la extorsión continúa incrementándose, no conoce fronteras administrativas. Rebasa límites municipales y estatales y, en muchos casos, tiene alcances nacionales. Es operada por estructuras criminales que se adaptan, se desplazan y utilizan herramientas tecnológicas para ampliar su impacto.
Frente a este escenario complejo, la única respuesta posible es una estrategia integral, sostenida y profundamente interinstitucional. Más que nunca se requiere un trabajo coordinado entre las áreas de seguridad pública, las fiscalías y procuradurías, las unidades de inteligencia, las instancias de justicia y las áreas de atención ciudadana, prevención y fortalecimiento comunitario. La colaboración entre instituciones debe traducirse en mecanismos operativos reales, intercambio oportuno de información, investigaciones conjuntas, homologación de criterios y respuestas rápidas ante los casos denunciados.
Cuando existen brechas entre entidades, diferencias en protocolos o capacidades operativas desiguales, los grupos delictivos las aprovechan. Por ello, este encuentro representa un punto de partida para consolidar una articulación de carácter nacional, en la que cada entidad fortalezca su actuación y, al mismo tiempo, se integre a una visión común para combatir de manera efectiva la extorsión.
Este esfuerzo descansa en tres principios fundamentales. El primero es la unidad entre instituciones, órdenes de gobierno y entidades federativas. El segundo es la coordinación, entendida como la acción conjunta, la definición de responsabilidades claras, rutas de atención, indicadores medibles y seguimiento permanente. El tercero es el compromiso con la ciudadanía. Combatir la extorsión implica proteger a las víctimas, generar confianza para denunciar y asegurar que las instituciones respondan con eficacia. La sociedad debe sentir que el Estado está presente para defenderla.
La extorsión hoy adopta modalidades directas, telefónicas y digitales. En consecuencia, se requiere de decisión y perseverancia aunadas a una estrategia moderna basada en inteligencia, investigación financiera, capacidades tecnológicas y un fortalecimiento creciente de las instituciones.
Su combate es hoy, definitivamente, política de Estado.