Las reformas aprobadas este año en materia de seguridad y justicia, redefinen la manera en que el Estado enfrenta el delito, protege a las víctimas y fortalece la coordinación entre instituciones. Estas reformas modifican estructuras jurídicas y abren una nueva etapa de responsabilidad pública y desempeño institucional.
Entre ellas, quiero destacar la Reforma Constitucional al artículo 21 en materia de Seguridad Pública, que coloca la coordinación entre los tres órdenes de gobierno como columna vertebral de la política de seguridad y consolida las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
También, con un impacto relevante, la Reforma al Poder Judicial, que replantea la configuración y funcionamiento del sistema de justicia con una visión sustentada en que la justicia es un derecho, no un privilegio, actualizando estructuras y exigiendo mayor responsabilidad ética y técnica a quienes procuramos y quienes imparten justicia.
En el ámbito legal, el Congreso aprobó modificaciones que acompañan y desarrollan estos cambios estructurales, entre ellas: reformas a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública a fin de fortalecer la coordinación operativa y la profesionalización en tareas de prevención e investigación para aprovechar al máximo, la información, el análisis criminal y las capacidades técnicas del Estado.
Con las reformas aprobadas para 2026, quiero expresar nuestros propósitos institucionales en una metáfora que acompaña los cierres de año: las doce uvas, convertidas aquí en doce compromisos para la actuación de la Fiscalía General de la República:
1) Justicia para todas y todos: con investigaciones sólidas y oportunas, sin privilegios ni exclusiones; 2) Derechos humanos: colocar la dignidad de las personas como principio rector; 3) Víctimas en el centro: garantizar acompañamiento integral y rutas claras hacia la verdad y la no repetición; 4) Investigación con evidencias y método: fortalecer la ciencia forense, el análisis de información y la capacidad técnica y tecnológica del Ministerio Público; 5) Cero impunidad en delitos de alto impacto: priorizar los casos que generan mayor daño social y desarticular estructuras criminales; 6) Coordinación efectiva con fiscalías estatales y el Gabinete de Seguridad; 7) Ministerio Público profesional y ético: formación permanente, responsabilidad en el desempeño y vocación de servicio; 8) Transparencia y rendición de cuentas: claridad, datos verificables y comunicación responsable hacia la ciudadanía; 9) Protección reforzada para mujeres, niñas, niños y grupos vulnerables: respuesta institucional sensible, especializada y libre de indiferencia; 10) Combate frontal a la corrupción: tolerancia cero a prácticas indebidas dentro y fuera de la institución; 11) Bienestar y fortalecimiento del personal: condiciones dignas de trabajo y reconocimiento al compromiso institucional; y 12) Cultura de paz y confianza social: con procuración de justicia cercana, comprensible y orientada al bien común.
El 2026 será un año de trabajo exhaustivo, investigación rigurosa y con rostro humano. Es el rumbo al que nos comprometemos con la esperanza de alcanzar un México más justo.