Quizá no sea un crimen de lesa humanidad por comisión. Pero sí lo es por omisión. Quizá, por colusión. Las desapariciones forzadas no empezaron con el gobierno morenista. Pero con éste se agravaron. Se masificaron. Se normalizaron.
El Informe en el que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU señala que ese delito en México se ha perpetrado a tales niveles que podría considerarse un crimen de lesa humanidad, tiene sus bases. Por eso pidió que el tema se discuta en la Asamblea General, en septiembre próximo.
Los crímenes de laesa humanitas (humanidad agraviada), son actos de barbarie. Atroces. Despiadados, que atentan contra la dignidad humana. Comprenden tortura. Esclavitud. Desaparición forzada. Asesinato. Trata de personas. Violencia sexual. Privación de la libertad. Deportación o traslado forzoso. Persecución por cualquier motivo.
Para ser ubicados en el peor status y merecer condena jurídico-moral máxima, esos ilícitos deben ser generalizados y sistemáticos contra la sociedad civil. Son imprescriptibles. Los criminales pueden ser perseguidos en todo el mundo.
Con independencia de que esos delitos se cometen en México como en la mayoría de los países, el de la desaparición forzada, aquí, prende las alarmas en el ámbito internacional por las terroríficas dimensiones que ha cobrado.
Aunque las autoridades niegan el hecho. Lo refutan. Repudian. Condenan. Soslayan, no tienen manera de evadirlo. En vez de ser receptivos. Escuchar recomendaciones. Aceptar sugerencias para investigarlo. Atajarlo. Resolverlo, se cierran. Y, además, ¡se ofenden!
El problema de las desapariciones forzadas es como el de los narcopolíticos. Lo encubren. Lo pasan por alto. Pretenden que desestimándolo. Sobreponiéndole nuevos escándalos cada día, quedará en el olvido. Eso no pasará en ninguno de esos dos casos.
La desastrosa. Brutal. Dramática realidad criminal es una. Existe. Nadie la puede borrar. Alterar. Negar. Ocultar. Los discursos. Desplantes. Ataques. La ira oficial para rechazarla, es inútil. No funciona. No sirve. No dura.
El negacionismo del gobierno sobre las desapariciones forzadas le genera más irritación social. Descrédito. Repudio. Desconfianza. La rabia colectiva lleva mucho tiempo contenida. Nadie puede asegurar que no se desbordará en algún momento.
Miles de personas sufren ese fenómeno por la pérdida de sus seres queridos. Los consume la angustia de no saber si están vivos o muertos. Aún atormentados, la esperanza los sostiene. Su desesperada búsqueda no induce sentimientos de humanismo. Ni acciones correctivas.
Millones de ciudadanos temen ser víctimas de desaparición forzada. De pensar que un día pueden salir por la mañana de su casa y ya no regresar por la noche. Quizás nunca.
En México nadie tiene garantía alguna sobre su vida. El gobierno no la da a ninguno de sus gobernados. Ostensible. Objetivamente, es un gobierno fallido. No confundir. Sus integrantes son un puñado de reconocidos rufianes. El Estado se constituye por todos.
En el incontestable hecho criminal, acreditado por cifras espeluznantes, se basa la cruda realidad que envuelve a la República: el Pacto Social está roto. Quebrado. Ha sido abandonado como instrumento de Razón. Derechos. Libertades. Convivencia. Civilidad. Civilización.
El gobierno, obligado a conservar esos invaluables bienes, es el responsable único de esa quiebra. Sobre quienes lo han permitido caerá la irremediable condena histórica.
Sin Pacto Social, el país se halla regreso al Estado de Naturaleza. En el que predomina la ley del más fuerte. Desalmados, los criminales tienen las armas. El gobierno se muestra ajeno. Tolerante. Complaciente. Cómplice. La ciudadanía paga esa perversión. Desnaturalización del poder político.
En el abandono del primer deber en que este incurre, los bienes de las personas también están permanentemente amenazados. En peligro. Cualquiera puede perderlos. En todo momento. Lugar. Circunstancia.
Quienes conducen a la Nación, son incapaces de asegurar las ineludibles prestaciones que deben a la sociedad. Su primera obligación por haber sido elegidos, es ajustar sus actos a la ley. Hacerla observar. Proteger a todos. Salvaguardarlos de cualquier riesgo. Procurar su bien en todos los aspectos. Es lo único que justica su posesión del mando.
Sólo entonces merecen obediencia y contribución al sostenimiento del Estado. La clase gobernante actual, en general; y los politicastros venales en particular, sólo son dignos de desprecio y repudio.
La presidenta de la República tiene razón al precisar que el gobierno no es el causante del desastre humanitario. De la tragedia de las desapariciones forzadas. Eso es incuestionable. No hay manera de imputarle semejante responsabilidad. Culpa. Señalamiento.
Sin embargo, en una de las declaraciones en que rechazó el Informe de la ONU, dijo: “…el trabajo que estamos haciendo para erradicar este terrible delito de la desaparición en nuestro país, vinculado principalmente a la delincuencia organizada no se toma en cuenta…”.
Eso es todavía más grave. El (su) gobierno podría no ser acusado directamente de desaparecer a las personas. A nadie. Pero permite que la delincuencia organizada lo haga. Los 132 mil que no han regresado a su hogar, dan fe de la catástrofe de cuya culpa el gobierno no puede zafarse.
Su aceptación de que las desapariciones están relacionadas a las actividades de los cárteles es absolutamente inaceptable. Intolerable. Porque su obligación política, legal, ética, moral, es atacar con todos los recursos del aparato estatal ese cáncer. Su prioridad debe ser cuidar de la mayoría a todo costo.
No lo ha hecho. No lo hizo su antecesor. Lo permitió. Le dio luz verde a ese monstruo de mil cabezas para actuar con libertad e impunidad. Los daños a la población inocente fueron escalofriantes. Ni el proceso parece contenible. Ni sus resultados ofrecen buenos augurios.
Sheinbaum y sus corifeos no pueden argumentar que el drama viene del pasado. De sus trillados “gobiernos neoliberales”. Pocos presidentes fueron ajenos al problema de la criminalidad. Pero ninguno como Andrés Manuel López Obrador lo consintió al grado de hacerlo intocable. Lo institucionalizó.
Si hay alguien a quién considerar como culpable de haber incurrido sistemáticamente en la comisión de crímenes de lesa humanidad por cualquier motivo, es a Andrés Manuel López Obrador. Fue la cabeza omisa de la red criminal que convirtió a México en un panteón.
Cuando buscaba la presidencia, el huachicolero de la política decía una y otra vez que no traicionaría, no mentiría y no robaría. Fue lo primero que hizo y dejó hacer. Sobre esa base, se construye el segundo piso de la regresión.
Si Claudia Sheinbaum no ha resuelto el problema de la inseguridad en sus distintas expresiones es porque no quiere. Tiene todo para hacerlo. En la historia no ha existido. No existe un poder más grande. Aplastante. Disciplinario. Aterrador, que el del Estado. Ella lo tiene en sus manos.
Empero, no lo ha usado para proteger a la sociedad. Para recrear y fortalecer el Pacto Social, que es la relación de gobernantes-gobernados, mirando a alcanzar los fines más nobles. Positivos. Buenos para conservar al Estado en beneficio de todos.
Los miles de delincuentes que ha capturado su aparto de seguridad, hacen rebozar las cárceles. Los grandes capos que ha entregado a Estados Unidos y el desmantelamiento de laboratorios y la confiscación de grandes cantidades de drogas parecen un giro de su gobierno respecto del anterior. No lo es.
Quienes representan el rompimiento del Contrato Social por su relación con los grupos delictivos, que siguen llevando a cabo desapariciones forzadas cada día, están sueltos. Libres. Impunes. Siguen haciendo negocio desde el poder con el dolor de la gente.
Más aún, han estado y están protegidos por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Rubén Rocha Moya y Adán Augusto López Hernández son una evidencia irrefutable. La lista de los demoledores del su poder. De sus limitantes para actuar, es enorme.
Si la presidenta consiente que se siga dañando a la población con tantos delitos, como el de las desapariciones forzadas, que tanto se le reprueba ahora en el exterior, cabe la hipótesis –siempre sujeta a comprobación– de la connivencia. Sería incalificable.
Si con todos los recursos que posee no defiende a sus gobernados, se puede concluir que no sabe lo que es el Contrato Social. No entiende para qué es la política. Ignora lo que es el Estado. Los fines que debe perseguir y que, por ello, no tiene derecho, autoridad moral ni legitimidad… para conducirlo.
Línea de Fuego
Rosa Isela Rodríguez no sólo no le ayuda a la presidenta. La secretaria de Gobernación es un pesado lastre para ella. Muestra su incompetencia en cada cosa que dice o hace. “Resuelve” los problemas únicamente con declaraciones. Ningún sector confía en ella. No tiene capacidad de interlocución con nadie. Sus choteadas “mesas” de diálogo son una vacilada. Si la mayoría de las demandas de quienes reclaman solución a sus problemas han sido atendidas, como dice, ¿por qué entonces los agricultores y transportistas mantienen sus exigencias?… Roberto Velasco, dada su estatura política, puede nadar en los zapatos de su brillante antecesor, Juan Pamón de la Fuente. Pero eso sí, en cuanto fue propuesto como titular de la SRE, las llamadas “genaras” empezaron a promoverlo como “seguro” sucesor de Claudia Sheinbaum. Su argumento, que pretenden sembrar por doquier, es que tiene dimensión de “estadista”. De chiflados…El vampiro tropical sigue muy alegre porque, hasta este momento, no parece que nadie vaya a llamarlo a cuentas por la criminalidad que prohijó durante su gestión como gobernador de Tabasco. Sin embargo, hay quienes auguran que su socio, Hernán Bermúdez Requena, ex líder de “La Barredora”, podría “empinarlo” para tratar de obtener una pena más considerada por los delitos que se le imputan... Ignacio Mier no encuentra la manera de congratularse con la presidenta. Apenas ella hace un pronunciamiento sobre cualquier tema, el senador se apresura a respaldarlo. Todo, por la ilusión –para algunos una locura– de ser candidato al gobierno de Puebla en algún momento. Sobran quienes aseguran que eso jamás pasará... ¿Gasolina a 24 pesos por acuerdo presidencial? ¡Sí! ¡Ajá! Una burla. De ella para los consumidores. De los expendedores, para ella…Esperar que la titular de la CNDH convalide opiniones autorizadas sobre su pésimo desempeño, evidente en las desapariciones forzadas, es como querer sacarle sangre a una piedra. Mejor no perder el tiempo.