La política de abrazos, no balazos en el fondo se puede interpretar como una invitación a la impunidad y si la analizamos por los resultados, como los recientes bloqueos y ataques a la población civil, claramente no es la estrategia a seguir en los próximos años.
Parte del problema es la inconsistencia en las políticas de seguridad que cambian con cada gobierno. Las políticas económicas han sido mucho más regulares y consistentes con el paso de los gobiernos, y por ello la economía ha mostrado mejores resultados que el tema de la seguridad, dónde la única constante es el cambio y la inconsistencia.
En ese contexto, planteo cinco propuestas con el único propósito de contribuir a un debate. Estas propuestas las he dividido en dos artículos y en esta segunda parte toca hablar de las últimas tres propuestas.
Tercera, hay que crear nuevas instituciones de seguridad y dotar de autonomía a las existentes. Para empezar debemos crear el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Seguridad (CONEPS) para entender qué políticas de seguridad sirven y fortalecerlas, además de remover las que no den buenos resultados.
Es inadmisible que en el combate al problema más grave que enfrenta nuestro país, la seguridad pública, no tengamos un buen criterio de medición de eficacia de las políticas, lo que explica en parte el problema en el que vivimos.
Explorar la posibilidad de dotar de autonomía a la Secretaría de Seguridad Pública para fomentar que las políticas del ramo no estén sujetas al cambio de gobierno y tengamos una estrategia clara y contundente.
De forma similar a lo que ocurrió con el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE), también deberíamos tener más órganos autónomos en materia de seguridad.
También es importante crear la Unidad Especializada en Combate a la Extorsión y el cobro de piso a los negocios, similar a las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro.
La extorsión se da en todos los niveles. Por ejemplo, se está cobrando arriba de mil pesos a cada camión para permitirle salir de las zonas productivas de Michoacán. El crimen organizado ha logrado ampliar la base de ciudadanos que le contribuyen y le está quitando el monopolio al Estado que es el único que debería ejercer la fuerza y cobrar impuestos, lo que hace el crimen organizado es cobrar más y nuevos impuestos.
Cuarta, empoderar una ciudadanía más participativa e involucrada en la seguridad pública, además de ser más solidaria, corresponsable y empática, que respete lo ajeno y la vida de los demás, el trabajar con esfuerzo por lo propio y promueva estilos de vida saludables.
Por ejemplo, en Coahuila tienen una red de comunicación con 80 mil ciudadanos que reportan cosas sospechosas o incidentes relacionados con el crimen. Debemos darles mejores herramientas a los ciudadanos, especialmente mejor información y comunicación, para que entre todos logremos resultados rápidos en los lugares con mayor incidencia delictiva. Una sociedad activa representa miles de vigilantes que ayudan a prevenir los delitos.
Y también debemos satisfacer las principales exigencias de las organizaciones civiles especializadas en búsqueda de desaparecidos para mejorar nuestras capacidades de encontrar a los desaparecidos y a los culpables de las desapariciones, así como impartir justicia.
Para empezar, se debe crear y publicar el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas y el Programa Nacional de Exhumaciones. En mayo de 2022, la ONU-DH recordó que desde hace cuatro años la Ley General en materia de desaparición de personas mandata su creación y aún no se han emitido.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, denuncia que para que se cumpla esa Ley General se necesitan asignar más recursos y debemos cumplir su demanda, además, exige que las entidades federativas armonicen sus leyes locales con esta Ley General y que se reconozca la experiencia y el conocimiento de las organizaciones civiles especializadas en la materia y debemos hacerles caso.
Por ejemplo, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (FAMUN) ha implementado una metodología gracias a la cual ha logrado localizar con vida 32% de los 405 casos de desaparición asentados en sus registros. Debemos extender los beneficios del conocimiento que han adquirido para otros casos similares.
Además, mejorar y ampliar los datos disponibles sobre desapariciones en México para prevenir más casos y para hallar más personas, este es otro de los principales reclamos de las organizaciones especializadas.
La Organización Data Cívica ha creado diversos modelos de inteligencia artificial para predecir la ubicación de fosas clandestinas, con mejores datos, será más fácil encontrar estas fosas.
Quinta, legalizar la marihuana porque esta droga no es más dañina o adictiva que el alcohol y el tabaco, y por lo mismo no se justifica una regulación más restrictiva. Por otra parte, evitaríamos regalarle recursos al crimen organizado y distraer recursos del Estado en perseguir y encarcelar a personas que consumen marihuana, en vez de perseguir cosas más dañinas como la extorsión.
Todos juntos tenemos que trabajar con objetividad y de buena fe para ponernos de acuerdo en cuál debe ser la nueva política de seguridad y justicia en México, para atender nuestro mayor problema. Esto es una condición fundamental para tener una economía que crezca, prospere y con ello mejore la calidad de vida de la gente.
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