México vive en una muy profunda crisis de seguridad que no empezó en este gobierno, pero claramente se ha deteriorado con los cerca de 130 mil homicidios y 3 mil feminicidios en lo que va del sexenio, además de que mueren por lo menos 1.3 policías cada día en México.
Ante el inminente fracaso de la estrategia de seguridad de los tres niveles de gobierno, urge iniciar un debate para generar un consenso sobre una nueva política de Estado en materia de seguridad y justicia, una política que rebase el plazo de un sexenio, ya que uno de los factores que más ha contribuido a pobres resultados en seguridad es la enorme inconsistencia sexenio tras sexenio en las políticas del ramo.
Para contribuir a este debate, voy a exponer mis cinco propuestas para la nueva política de seguridad y justicia en dos artículos. Por ahora hablaré de las primeras dos propuestas:
Primero, generar una economía que crezca aceleradamente, con una altísima generación de empleos y mucho mejores salarios que los actuales. Debemos brindar mejores oportunidades, especialmente para los jóvenes y muy especialmente para los jóvenes vulnerables. No hay forma de construir un país más justo y seguro si no tenemos jóvenes con esperanzas de mejorar su nivel de vida.
Entre 2005 y el 2022, la población en edad de trabajar creció en 16 millones de personas, pero los empleos formales sólo crecieron 8 millones, la mitad nada más. Por otra parte, el salario por hora de un trabajador promedio en México pasó de 33.5 pesos en 2005 a 35.3 pesos en 2022, quitando el efecto de la inflación.
Con tan pocas opciones de empleos dignos y bien pagados no nos debe de sorprender la desesperanza en la que viven millones de mexicanos que empuja a muchos de ellos hacia el crimen organizado, poniendo en riesgo su vida y la de los demás mexicanos.
Segundo, fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad pública. Por ejemplo, debemos revisar las competencias en materia de seguridad de las autoridades federales, estatales y municipales; las tres autoridades deben ser igualmente corresponsables de nuestra seguridad y no debemos dejar huecos en la ley que desincentiven el involucramiento de algún nivel de gobierno.
Como Secretario de Turismo fui testigo de lo importante que es coordinar a todas las instancias del orden público. En Los Cabos y La Paz, Baja California Sur, firmamos en 2018 el Convenio de Coordinación y Concertación de acciones en materia de Seguridad Pública en el que las autoridades de los tres niveles de gobierno, la sociedad civil y los empresarios nos comprometimos a fortalecer a la policía preventiva estatal y la policía municipal, implementar el Modelo de Gestión de Instituciones Policiales con Enfoque de Proximidad, implementar acciones en materia de prevención social del delito, implementar un Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) en La Paz y fortalecer el CAPTA de Los Cabos.
Como resultado, el número de homicidios registrados en 2017 se redujo a una cuarta parte para 2018, y el crimen en general se redujo bastante.
Es necesario pagar mucho mejor a los policías, equiparlos y capacitarlos mejor, darles seguros de vida, garantizar la educación de sus hijos y su acceso a una vivienda digna. Ser policía debe ser una situación de privilegio, una distinción, deben contar con un mayor respeto y reconocimiento de parte de la ciudadanía por su labor.
Ser policía debe ser atractivo, necesitamos protegerlos y dignificar su labor. Por otro lado, es necesario mejorar los controles de confianza de los policías.
En ese sentido sería muy conveniente restablecer el FORTASEG, que es el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública y es empleado por los municipios, pero el gobierno actual suspendió. Los municipios necesitan mucho apoyo para fortalecer sus cuerpos policiacos.
También hay que pagar bien a los jueces y respetar la inamovilidad de su cargo para garantizar su objetividad. Sin una correcta impartición de justicia no habrá paz y seguridad en el país.
Además, debemos mejorar las capacidades de investigación del ministerio público para acabar con la impunidad que hoy existe.
En México, 9 de cada 10 delitos no se denuncian y menos del 1% son resueltos, por ello vamos a mejorar los incentivos a la denuncia. Debemos agilizar las denuncias para que en ningún caso se vuelva un trámite muy pesado. Por ejemplo, todos los estados deben tener un sistema funcional de denuncia digital, cosa que actualmente no sucede.
Por otro lado, hay que fortalecer los programas de prevención del delito y de reinserción social de las personas que sean enviadas a las cárceles. Por ejemplo, mejorar el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro , ya que aunque la idea es buena, se debe fortalecer la evaluación del programa para que entregue mejores resultados.
Una de las acciones necesarias es diagnosticar qué tipo de capacitaciones necesitan los jóvenes y brindárselas, atraer a los que no acudirían por su propio pie al llamado de una beca o pasantía, mejorar el programa de mentoría para los más vulnerables e incluir terapias para ayudar a esos jóvenes a canalizar sus emociones.
Retomar programas de fomento al deporte entre jóvenes vulnerables y en entornos de violencia, recuperar espacios públicos, mayor iluminación pública y un decidido combate a la discriminación y al machismo. Así como en el caso de la salud, es más eficiente y efectivo prevenir un delito que atenderlo ya que ocurrió.
No obstante, los esfuerzos de reinserción social de quienes fueron enviados a las cárceles son muy insuficientes, las cárceles no pueden ser escuelas para cometer delitos, por el contrario, debemos capacitar a sus habitantes para tener buenas oportunidades de contribuir positivamente a la sociedad.
Finalmente, el Estado se tiene que involucrar en el desarrollo de centros de tratamiento para las adicciones, donde se rehabilite a los mexicanos para que su participación en la sociedad sea positiva.
Sin un Estado fortalecido y un mayor respeto a la ley será muy difícil obtener buenos resultados en seguridad pública. En el artículo de la siguiente semana abordaré mis otras tres propuestas sobre seguridad y justicia, que están relacionadas con la creación de nuevas instituciones y tener políticas que sobrevivan al cambio de las personas en el gobierno.
(Continuará)
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