Francamente me sorprende que algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) argumenten que las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) de 2021 no violan nuestros derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano y hasta nuestro derecho a la libre competencia.
La exposición de motivos de la iniciativa de reforma enviada por el Presidente dice claramente que “El sistema eléctrico nacional deberá ser alimentado en este orden: en primer lugar, subirse a la red de distribución la energía producida en las hidroeléctricas; en segundo, lo generado en otras plantas de CFE [incluidas las de combustibles fósiles]; en tercero, la energía eólica o solar de particulares y al final, la energía de ciclo combinado de empresas privadas.”
La reforma elimina los mecanismos que fomentan la energía más barata y limpia para que la CFE pueda comprar la electricidad más contaminante sin importar su alto precio.
Esto es muy grave en un México donde mueren 50 mil personas al año de forma prematura por respirar aire contaminado. Además, el desarrollo cognitivo y la capacidad de aprender de las niñas y niños mexicanos se limitan por respirar residuos de la quema de combustibles fósiles.
Tan sólo la termoeléctrica de Tula, Hidalgo, provoca la muerte prematura de más de 14 mil habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México cada año.
¿Cómo puede alguien decir que priorizar los combustibles fósiles no vulnera el derecho humano a la protección de nuestra salud y a un medio ambiente sano con tanta evidencia científica?
Claro, como la ciencia no es algo muy relevante hoy en día, por eso no se han enterado o no quieren enterarse.
Cómo dijo Mario Molina, nuestro premio Nobel de Química, la crisis climática es la mayor amenaza que enfrenta la humanidad. La comunidad científica está de acuerdo: la crisis climática la ha provocado la quema de combustibles fósiles, no hay duda de ello. Promover los combustibles fósiles es atentar contra los derechos humanos.
¿Cómo puede alguien sostener que la reforma a la LIE no viola los tratados internacionales? El T-MEC nos obliga a que no haya un trato discriminatorio a las inversiones extranjeras en México, pero sí habría discriminación y falta de libre competencia con una reforma que explícitamente busca favorecer un tipo de plantas eléctricas sobre otras, primero las de CFE y luego las demás.
México se comprometió mediante el T-MEC a proteger las inversiones y la reforma a la LIE busca anular unilateralmente contratos de inversión que se firmaron hace mucho, esto en lugar de sentarse a renegociarlos cuando los empresarios del sector ya se mostraron abiertos a tratar el tema.
¿Cómo puede alguien argumentar que no se viola el derecho a que la ley no se aplique de forma retroactiva cuando claramente hoy se está proponiendo cambiar, de forma unilateral, las condiciones con las que hace muchos años se hicieron inversiones en México?
Debe haber certeza y seguridad jurídica, y cambiar las reglas del juego con efectos retroactivos es ir en contra de un principio básico del derecho universal.
El ministro Javier Laynez expresó asertivamente que la SCJN tiene que juzgar si la reforma se apega o no a derecho, no si la reforma propuesta es buena o mala.
A todas luces viola nuestros derechos, así lo han percibido la mayoría de los ministros.
¿De qué sirve que los mexicanos pongamos en la Constitución derechos que no se van a respetar? ¿Para qué celebramos la firma de tratados internacionales, que son Ley Suprema según nuestra Constitución, si al poco tiempo los vamos a violar?
Queda claro que algunos ministros de la SCJN están respondiendo a presiones y criterios políticos más que a la defensa de la ley.
Ahora que se acerca la consulta por la revocación de mandato y muchos la defienden porque se presentan como demócratas, deberían recordar que un verdadero demócrata busca la separación y el equilibrio entre los poderes públicos.
Un régimen no es democrático si el poder se concentra en una sola persona y los pocos que lo rodean. Es inadmisible que el Poder Judicial se subordine al Poder Ejecutivo y por ello me sorprende el proyecto que presentó a la corte la ministra Loretta Ortiz que no prioriza los derechos de los mexicanos.
Mi reconocimiento a los ministros que están defendiendo nuestros derechos, ojalá que alcancen la mayoría que se requiere para frenar la reforma, porque si no lo logran, nuestro país será demandado en cortes internacionales y vamos a perder todos esos juicios donde nuestro gobierno no tiene la capacidad para presionar a los jueces.
El gobierno de Estados Unidos nos ha advertido en todos los tonos posibles, y cada vez de forma más dura, que si violamos el T-MEC nos van a demandar ante cortes internacionales por poner en riesgo 10 mil millones de dólares que ciudadanos estadounidenses ya invirtieron en México.
El pueblo mexicano que ya ha sufrido 4 años de crecimiento económico negativo, de incremento de la pobreza por 8 millones de mexicanos, y ahora tendremos que indemnizar las inversiones extranjeras porque ningún servidor público lo pagará de su bolsillo, lo vamos a pagar los ciudadanos.
Esto mermará aún más las posibilidades para que la gente en pobreza avance, pues las malas políticas le pegan más a quien menos tiene. Todo el país se aleja cada vez más de ser un México próspero, incluyente, sustentable y justo como anhelamos.
¡Ya basta!
