Nicaragua es un semillero de grandes dictadores. A la legendaria familia Somoza se le suma hoy Daniel Ortega y su esposa. El compañero revolucionario acaba de cumplir 14 años en el poder y busca asegurar una cuarta reelección, mediante el método infalible de eliminar por entero a la oposición. Así las cosas, no queda más que preguntarnos para qué se desgasta el hombre con la farsa de llamar a elecciones cuando su gobierno encarcela y amedrenta a cualquier ciudadano que levante la mano como candidato opositor. Mejor haría en quitarse la máscara de una buena vez e informar al pueblo que habrá de ocupar el poder por el tiempo que se le venga en gana.
Ortega proviene del ala política contraria a la que pertenecía el clan de los Somoza; aquellos de derecha, éste último de izquierda, sandinista para mayores señas. Sin embargo, por ese curioso influjo que ejerce el poder en las personas, en ambos casos están terminando como lo mismo: como dictadores de esa hermana república.
Las razones que esgrime el gobierno de Ortega para apresar a sus adversarios políticos es que éstos —incluyendo a algunos que fueron sus colegas y compañeros de batallas— cometieron delitos “contra la independencia y la soberanía”. Es decir, a juicio de Ortega, presentarse como candidatos o ejercer el derecho de opinar, vulnera las capacidades soberanas y la independencia de su país. El argumento es tan autoritario, tan burdamente antidemocrático que hasta a un periodista deportivo que se atrevió a hablar de política lo metieron preso.
Frente a este escenario, México emitió un voto de abstención frente a la resolución presentada en el Consejo Permanente de la OEA, la cual condena la política represiva del gobierno nicaragüense. Naciones Unidas, a través de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos ha demandado la liberación de los presos políticos, lo cual ya fue rechazado por el gobierno de Managua.
¿Cómo puede explicarse la postura de México? ¿Será que nuestro gobierno posee información que no conoce el resto del mundo? ¿Le parecerá que encarcelar a cinco candidatos presidenciales es parte de la normalidad democrática?
La postura oficial del gobierno mexicano establece que “no estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de la no intervención…”. Pocas veces habíamos visto un comunicado tan contradictorio por parte de nuestra diplomacia. Si apoyáramos, como se pide, “el normal desarrollo de las instituciones democráticas” estaríamos condenando la política de represión ejercida contra ciudadanos que compiten por cargos de elección popular. Pero, al invocar el principio de no intervención el gobierno mexicano hace caso omiso de lo mismo que solicita al inicio del párrafo.
Al llamar a consultas a nuestro embajador en Managua se envía la señal de que la propia cancillería cayó en cuenta del desatino que había cometido. Tratando de no perder cara, intenta darse la oportunidad de enmendar la postura. Va a ser interesante observar las piruetas verbales que registrará nuestra posición diplomática.
Como parte de la familia de democracias en el mundo y en apego a nuestra tradición diplomática, México debe rechazar de manera contundente las flagrantes violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y la consumación de un proceso que apunta hacia el establecimiento de una dictadura, independientemente de la orientación ideológica de Ortega.