El regalo de Arturo Zaldívar al presidente AMLO, con su ominosa renuncia a la Suprema Corte, puso al descubierto el profundo desprecio del titular del Ejecutivo por el principio de separación de poderes consignado en el artículo 49 constitucional.
Sin existir “causa grave” (art. 98 constitucional) aceptada la renuncia, el Presidente envió una terna al Senado para suplir la vacante, compuesta de tres mujeres distinguidas con cargos administrativos en su gobierno y totalmente identificadas con la 4T, sin experiencia en el terreno judicial, la abogacía o la academia.
La terna estuvo precedida por la descarnada precisión en la mañanera, de que esta vez esperaba atinarle pues de las cuatro propuestas anteriores, dos le había resultado “conservas”, ya que votaron en contra de sus inconstitucionales proyectos y a favor de la Constitución. Ahora debía asegurarse personas completamente leales a él, a fin de evitar la sana independencia judicial, como quedó claro ante la comisión senatorial que examinó la idoneidad de las tres abogadas propuestas, en donde defendieron las posturas del Ejecutivo. Nada hay oculto en el propósito presidencial como bien lo indicó el senador Damián Zepeda, nadie puede decirse engañado.
Ante la reprobación de la primera terna, el Ejecutivo ya envió una segunda, compuesta de dos integrantes de la anterior y una tercera de perfiles similares a las otras dos, esto es, subordinada al Presidente.
Sea que el Senado finalmente acepte a una de las propuestas en la segunda terna o el presidente acabe nombrándola, es un hecho que asegura 3 de los 11 votos del Pleno (con Yasmín y Loreta los otros dos), de tal manera que quedaría tan sólo a un voto para que con 4 a favor y 7 en contra, pueda bloquear cualquier acción de inconstitucionalidad de una ley secundaria, como la de la Guardia Nacional y el Plan B del INE. Esto significa gobernar en la antijuridicidad con leyes contrarias a la Constitución.
El empeño de controlar al Judicial ya lleva algún tiempo. Se inició con la insistencia en que Zaldívar prolongara su mandato dos años más, que sus pares rechazaron por unanimidad. Siguió con el intento de capturar la presidencia de la Corte con Yasmín Esquivel que fracasó (tan sólo logró un voto, el suyo) tras la denuncia del plagio de su tesis de grado. Prosiguió con las descalificaciones a la ministra-presidenta Norma Piña y el amago de una reforma constitucional para hacer electivos con voto popular a los ministros, jueces y magistrados, hasta que finalmente su amigo el señor Zaldívar le puso en bandeja de plata la solución: que AMLO asegure el relevo ministerial, que le dará 3 votos del Pleno y el año entrante, si gana Claudia, con el reemplazo del ministro Luis María Aguilar el 4º, para dominar la votación y bloquear cualquier acción de inconstitucionalidad. Así tiene la 4T el control de la Corte.
En reciente e imperdible artículo (“¿Negar la pesadilla? “El Heraldo 5/12/23) el ministro Juan Luis González Alcántara escribió: “Confundiendo la tibieza y pusilanimidad con prudencia y pragmatismo [los jueces alemanes], terminaron condenándose a sí mismos al oprobio y la ignominia”.
¿Por qué tanto empeño en controlar al Poder Judicial? Porque la pieza principal del legado político de AMLO para 2024 es la colonización total del Estado mexicano: ya tiene el Ejecutivo, la mayoría simple en el Legislativo que le asegura el presupuesto y cualquier reforma legal a su antojo, además de 23 de 32 gubernaturas morenas, únicamente falta el Poder Judicial, con lo cual habrá conseguido su trascendental objetivo político con la 4T: no transformar a México, sino regresarlo al sistema de partido hegemónico con dominante mayoritario en el que nació, creció y participó políticamente en el siglo XX, sepultando la frágil democracia mexicana por la que salimos a luchar en las calles en el 68 y no pocos compañeros murieron el 2 de octubre en Tlatelolco. Este es el trasfondo de la designación de la próxima ministra de la Suprema Corte.