En México ser pobre significa no tener un ingreso monetario suficiente para poder adquirir la canasta alimentaria básica (pobreza alimentaria); no poder cubrir un patrón básico alimentario, de salud y de educación (pobreza de capacidades) o, tener en el hogar un ingreso por persona menor al necesario para cubrir el consumo básico de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público (Pobreza de patrimonio). Para 2018 el Coneval, institución encargada de medir los niveles de pobreza en nuestro país, había definido una línea de pobreza urbana en 3,176.95 pesos mensuales por persona. Es decir, quien se encontrara debajo de ese nivel podía considerarse pobre.
Dado que el ingreso monetario está principalmente en función del empleo, las mujeres están en desventaja. En 2018, 44 % de las mujeres en edad de trabajar participaron en actividades económicas (los hombres en 77%), cifra que se reduce durante el periodo en que las mujeres tienen hijos menores de 6 años. Esta situación se explica por las condiciones de trabajo poco flexibles, insuficiencia de guarderías, desigualdad de origen en la capacitación para el trabajo, y la muy mencionada desigual asignación de tareas familiares a las mujeres, como son, el cuidado de niños y adultos mayores, elaboración de alimentos y realización de tareas de limpieza y compra de víveres. Los datos de Inegi indican que el 96% de las mujeres llevaron a cabo tareas domésticas no remuneradas, contra 65% de los hombres.
El diagnóstico de la pobreza no se puede realizar igual para hombres y mujeres. Para ellas, además de las causas de la pobreza general, se suman las derivadas de su condición de género. Por ejemplo, se ha documentado que el embarazo adolescente lleva a muchas de ellas a dejar los estudios o a iniciar una vida laboral precaria o a depender económicamente.
De acuerdo con la ENIGH, en 2018 la población total en situación de pobreza fue de 52.4 millones de personas, de las cuales 27.3 millones eran mujeres, casi dos millones más que en 2008. Si bien aumentó la cantidad de ellas en pobreza, disminuyó su cantidad en situación de pobreza extrema, que pasó de 6.5 a 4.8 millones. Lo que se debió al uso de programas sociales como el Seguro Popular, que disminuyó de manera notable la cantidad de mujeres con carencia de acceso a la salud, de 21.2 millones en 2008 a 9 millones en 2018, si bien se ha dicho que la mayor afiliación mediante el esquema del Seguro Popular no garantizaba el acceso efectivo oportuno y de calidad.
Desafortunadamente, en las economías dirigidas por el mercado, como la de México, se valora aquello que permite la obtención de beneficios monetarios inmediatos, dejando para el ámbito privado la valoración del trabajo no remunerado o mal pagado de las mujeres. Las mujeres contribuyen con una cantidad enorme de horas de trabajo a la reproducción social. Y cuando en los hogares no se tiene acceso a servicios básicos como el agua o la electricidad, o tiene carencias de enseres domésticos que le ayuden en sus tareas diarias, la cantidad de horas se incrementa de manera importante. La no valoración social del trabajo que realizan las mujeres las convierte en dependientes económicas. Si bien insuficiente, un paso en la eliminación de esta inequidad ha sido la creación de programas sociales universales y de algunos de ellos dirigidos especialmente a las mujeres. No hacer nada para resolver esta situación se configura como una forma de violencia social contra las mujeres, que dificulta el tránsito a otra forma de mirarnos entre hombres y mujeres.
Profesora de la Facultad de Economía de la UNAM e Integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social.
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