Le contamos que tras la salida de Juan Gutiérrez de la Dirección General de Concertación Política, que es el área encargada de la atención y gestión de marchas y bloqueos en la Ciudad de México, llegó un viejo conocido al Gobierno capitalino. Se trata de Juan José García Ochoa, quien fue subsecretario de Gobierno en las administraciones que encabezaron Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, y ahora regresa con Clara Brugada, con quien compartió curul en la Cámara de Diputados hace algunos ayeres, para encargarse de esta área tan sensible. Nos dicen que la bienvenida se la dio el secretario de Gobierno, César Cravioto, el fin de semana, pero ahora le tocará al exsubscretario de Gobierno retomar todo lo aprendido en ese cargo durante los sexenios pasados. Los ciudadanos que un día sí y otro también quedamos a merced de marchas y manifestantes se lo encargamos mucho, don Juan José.
Dejan atrás los privilegios en Tlalpan
Nos cuentan que la alcaldía de Tlalpan, cuya titular es la morenista Gabriela Osorio, lanzó un mensaje de austeridad al momento de entregar 30 patrullas para reforzar la estrategia de seguridad. Sin dar nombres ni hacer menciones específicas, la edil sumó al equipo de vigilancia un jeep que en la anterior administración era utilizado para uso personal. Con dicho vehículo se atenderá particularmente los casos de violencia de género. Nos hacen ver que lo que ocurrió es más que una simple reasignación operativa, ya que se trata de demostrar, en los hechos, el cambio de visión de la actual administración donde se acabaron los privilegios.
Alerta en el penal de Chalco por sobrepoblación
Nos dicen que la situación del Centro Penitenciario de Chalco es insostenible, pues registra una sobrepoblación de 500%, con lo que no sólo se violan los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sino que se pone en riesgo la seguridad, la salud y los programas de reinserción. Víctor Manuel Martínez, subsecretario de Control Penitenciario, tendrá que poner manos a la obra y, nos comentan, ver que no se puede seguir siendo administrada con paliativos, sino que exige una intervención urgente del gobierno estatal y federal. El hacinamiento extremo impide condiciones mínimas de habitabilidad y vuelve inviables los esfuerzos de rehabilitación social.