Nos dicen que en la lista de más de 200 inscritos para ocupar una de las tres vacantes que se abrieron en el Instituto Nacional Electoral (INE) hay varios nombres que llaman la atención, entre ellos, el de los dos titulares de los órganos electorales chilangos. Se trata de la presidenta del Instituto Electoral capitalino, Patricia Avendaño, quien ha sido muy crítica con los cambios hacia los OPLE, y el otro es el presidente del Tribunal Electoral local, Armando Ambriz. Eso sí, hay una larga lista de consejeros y magistrados electorales actuales, así como otra de los quienes han ocupado esa posición en la capital del país. ¿Será que doña Patricia y don Armando saben algo sobre el futuro de las instituciones que han presidido y a un año de la elección intermedia?
Van contra la tala clandestina en Nicolás Romero
En Nicolás Romero, la tala ilegal en zonas boscosas del municipio detonó operativos conjuntos de los tres niveles de gobierno, ante su persistencia en diversas comunidades. A finales de marzo, las acciones se concentraron en la parte alta de Cahuacán, de acuerdo con un informe de la alcaldesa morenista Yoselin Mendoza que presentó ante el Cabildo. Ante la magnitud del problema, la presidenta municipal acudió a la Secretaría de Gobernación, donde fue recibida por el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, con quien planteó la necesidad de coordinar una estrategia regional frente a este fenómeno.
Habemus comisionado de Búsqueda de Personas
Nos cuentan que tras un proceso de consulta Pública y luego de que durante dos años no hubo titular, la Consejería Jurídica del Estado de México dio a conocer que Avelino Blanco Guido fue designado como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas (Cobupem), quien cuenta con el respaldo de colectivos. Nos recuerdan que el proceso inició en febrero de este año con la publicación de la convocatoria abierta para el nombramiento y se estableció la instalación del Órgano Técnico de Consulta, integrado por un representante de la Consejería Jurídica, de la fiscalía mexiquense, de la Comisión de Derechos Humanos estatal y representantes de colectivos.