Por Ricardo Buitrago
La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 ha despejado cualquier ambigüedad sobre la distribución del poder en el hemisferio occidental. Estados Unidos ha demostrado, de manera inequívoca, que posee tanto la capacidad como la voluntad de proyectar fuerza militar en América Latina cuando sus intereses lo requieren. Para los analistas de relaciones internacionales, el evento no debería sorprender; simplemente confirma lo que la teoría realista ha sostenido desde Tucídides: “los fuertes hacen lo que pueden, y los débiles sufren lo que deben”.
La operación contra Venezuela responde a una racionalidad estratégica clara. Con 303 mil millones de barriles de petróleo en reservas probadas, el país representa un activo geopolítico de primer orden. La administración Trump ha declarado explícitamente su intención de controlar las ventas petroleras venezolanas "indefinidamente", canalizando los ingresos a cuentas estadounidenses. Según estimaciones de JP Morgan, esta acción podría otorgar a Estados Unidos influencia sobre el 30% de las reservas petroleras mundiales. Desde una perspectiva realista, la retórica sobre narcotráfico y democracia es instrumental; el objetivo subyacente es la consolidación del control sobre recursos estratégicos.
El timing tampoco es accidental: China mantiene entre 10 y 19 mil millones de dólares en préstamos pendientes con Venezuela, y Rusia ha incrementado su presencia en el país sudamericano durante la última década. La intervención estadounidense no solo asegura recursos, también debilita las posiciones de sus principales competidores estratégicos en el hemisferio occidental.
El costo humano de 26 años
Sin embargo, el análisis realista de las motivaciones estadounidenses no debe oscurecer una realidad igualmente importante: el régimen chavista-madurista ha infligido un daño extraordinario al pueblo venezolano. Más de 8 millones de venezolanos, la cuarta parte de la población, han abandonado su país, constituyendo la mayor crisis de desplazamiento en la historia latinoamericana. Esta diáspora masiva no fue provocada por una intervención extranjera; fue el resultado directo de políticas económicas desastrosas, de la represión sistemática y del desmantelamiento de instituciones democráticas.
La hiperinflación que destruyó los ahorros de generaciones, la escasez de medicamentos y alimentos básicos, la persecución de opositores políticos, y el vaciamiento de las universidades venezolanas constituyen un legado de devastación que ningún principio de no intervención puede justificar moralmente. El régimen de Maduro no cayó por defender la soberanía venezolana; cayó porque la había convertido en un instrumento de opresión interna y enriquecimiento de una élite cleptócrata.
Existe, por tanto, una ironía en el centro de esta crisis: una intervención motivada por intereses geopolíticos estadounidenses podría, paradójicamente, abrir posibilidades de reconstrucción democrática que 26 años de chavismo habían clausurado. Los motivos del cirujano no determinan si la operación salva al paciente. Para millones de venezolanos dentro y fuera de su país, el fin del madurismo representa, independientemente de cómo haya ocurrido, una oportunidad de futuro que el régimen les había negado sistemáticamente.
El dilema estratégico de México
México enfrenta una ecuación de poder particularmente desfavorable. Comparte 3,145 kilómetros de frontera con Estados Unidos, depende de su mercado para aproximadamente el 80% de sus exportaciones, y ha sido objeto de amenazas explícitas de intervención militar contra cárteles de narcotráfico. El Secretario de Estado, Marco Rubio, ha condicionado públicamente la no intervención a la cooperación mexicana en materia de seguridad, un mensaje que el gobierno de Sheinbaum ha interpretado correctamente; y en los últimos días, Trump ha vuelto a hablar de acciones militares “por tierra” contra los cárteles.
La respuesta mexicana ha sido un ejercicio de bandwagoning pragmático disfrazado de principismo. Mientras la presidenta Sheinbaum invoca la Doctrina Estrada –que establece la no intervención y la autodeterminación de los pueblos— y condena públicamente la intervención en Venezuela, simultáneamente incrementa las detenciones de narcotraficantes y facilita extradiciones a Estados Unidos. Esta aparente contradicción no es hipocresía; es cálculo racional. México carece de capacidades militares creíbles para disuadir una intervención estadounidense y no cuenta con aliados externos dispuestos a equilibrar el poder de Washington en el hemisferio.
Implicaciones para la política exterior mexicana
La lección es incómoda pero útil: la Doctrina Estrada puede sostenerse como principio normativo, pero carece de peso estratégico cuando se enfrenta a una potencia dispuesta a usar la fuerza y coerción. La defensa efectiva de intereses nacionales requiere algo más que apelaciones al derecho internacional: requiere la construcción de capacidades que aumenten los costos de intervención para potenciales agresores.
Las opciones de México son limitadas pero no inexistentes, y se encaminan a reducir estas vulnerabilidades:
- Diversificación económica gradual, sin romper la relación fundamental con Estados Unidos, diversificar los socios comerciales puede reducir marginalmente la vulnerabilidad.
- Modernización de capacidades de inteligencia, control territorial y cooperación selectiva, para elevar los costos percibidos de una intervención.
- Diplomacia activa en foros multilaterales, puede generar costos reputacionales para Washington, aunque rara vez alteran el comportamiento de una gran potencia.
Sin embargo, ninguna de estas medidas alterará fundamentalmente la asimetría de poder. México operará, por el futuro previsible, bajo la sombra del hegemón. La habilidad de sus líderes consistirá en maximizar la autonomía posible dentro de restricciones estructurales que no pueden eliminar.
La extracción de Maduro marca el retorno explícito de la lógica de esferas de influencia. Para México y otros estados de la región, esto representa el fin de la ambigüedad estratégica que caracterizó las últimas décadas.
México haría bien en abandonar la ilusión de que un orden internacional basado en reglas protege automáticamente a los estados medianos. El sistema internacional sigue siendo, en su esencia, anárquico; y en la anarquía, la supervivencia depende de la capacidad de adaptación al entorno de poder prevaleciente. La Doctrina Estrada puede seguir como brújula moral, pero la política efectiva exige un realismo más descarnado.
Director nacional de Programas Doctorales de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey