Nueva puesta en escena

Eduardo Higuera Bonfil

La historia es un incesante volver a empezar.
Tucídides

La construcción institucional y legal de la democracia mexicana ha tenido que enfrentar algunas situaciones recurrentes, una de ellas es la  denominada elección de estado.

Durante, al menos, cinco décadas del siglo XX, los partidos políticos de oposición al PRI, sociedad civil y activistas políticos debieron enfrentarse con la acción inadecuada, inmoral,  en muchos casos ilegal, de las personas que detentaban el poder público que hacían hasta lo imposible por mantener el equilibrio de poder siempre a su favor.

Esto se realizaba a través de acciones directas (amenazar funcionarios públicos y personas en programas clientelares para que votaran a modo, asignaciones directas de recursos a municipios y estados en pugna justo antes de la elección, uso de la fuerza pública contra opositores, manipulando los resultados desde las comisiones electorales que dependían de los gobernantes, etc.), o indirectas (a través de publicidad de los logros de empresas en plena campaña, aliándose con medios de comunicación para que se ofrecieran tarifas diferenciadas en la compra de publicidad y en la forma en que se les daba cobertura en sus espacio noticiosos, creando partidos satélites para pulverizar el voto, etc.).

Este problema tiene fuerte arraigo en el ADN de los gobiernos de nuestro país y ha sido señalado en fechas tan recientes como 2017, cuando el entonces líder de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, denunció la elección para la gubernatura del Estado de México como un ejemplo de elección de estado, en la que no se respetaban los mínimos estándares legales y éticos por parte del PRI, que gobernaba el Estado de México.

A cuatro años de distancia, la misma persona, ahora investido como presidente de la república, se encuentra ejecutando muchas de las acciones que denunció  con vigor en 2006, 20012 y 2017, generando un escenario en el que la elección de estado es un hecho cada vez más probable el próximo 6 de junio.

Los indicios son muchos y se acumulan. Por la parte institucional, la presidencia decidió olvidar las críticas que su predecesor, Vicente Fox, generó al intervenir en la elección que perdió en 2006 (hecho que hasta el TEPJF avaló como una violación de la norma) y se ha dedicado a criticar a las autoridades, los opositores y las gestiones desde el púlpito de la mañanera. Presidencia convenientemente olvida las propias protestas del entonces candidato AMLO, que terminaron en una reforma constitucional que ahora desconoce y restringe la   intervención del presidente en las elecciones.

También se ha visto, en mi caso de primera mano, como el ejército de los “servidores de la nación” replica acciones de la maquinaria priista del pasado, al hacer censos ilegales, buscar a los beneficiados de los programas sociales clientelares del gobierno federal y expresando nada sutiles amenazas y presiones sobre el futuro ominoso que espera si el partido guinda no gana.

Otro aspecto preocupante lo constituye el cuestionamiento a las autoridades electorales, en especial  contra el INE que ha mostrado menos inclinación a ajustarse a los deseos presidenciales y de su partido.

No pasa semana en la que no se hable del supuesto dispendio inmoral de consejeras y consejeros, confundiendo fechas de acciones o papeles de los miembros de los distintos consejos generales y de la forma en que se organiza la elección, sin tomar en cuenta la historia electoral de México y olvidando que gracias a ese OCA hay una presidencia obradorista legítima e incuestionable en lo legal.

El cuestionamiento al INE también proviene desde la vertiente presupuestal, forzando al máximo la capacidad del Instituto para poder cumplir con su función electoral de forma eficaz y transparente ante todos los mexicanos.

En este caso lo que el discurso político electoral del gobierno pasa por alto es que los altos costos que genera su labor son producto de una espiral de desconfianza heredada de los intentos de realizar elecciones de estado durante el priato, por lo que se busca eliminar actividades que afecten profundamente las elecciones.

En otras palabras, la “austeridad” abre boquetes al sistema electoral que pueden ser usados por el gobierno de turno.

Se podría seguir con la enumeración de razones para creer que tendremos una nueva puesta en escena de una elección de estado. Quizá no sea así y, pese a todo, el gobierno federal no incida de forma clara en los comicios de junio. Sin embargo, las razones para estar alertas parecen claras.

Espero equivocarme.

@HigueraB
#InterpretePolitico

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