El reciente operativo de las fuerzas armadas para capturar al Mencho, considerado en muchos consideraban uno de los líderes criminales más importantes del mundo, mostró un rostro del estado mexicano que parecía perdido: capacidad de contener y combatir los grupos criminales a pesar de su poder de fuego y la decisión en el mando para hacer lo necesario con tal de salir airosos de cada enfrentamiento.
Esto lleva a reflexionar qué ocurrió al interior del estado mexicano ya que transcurrieron años de inacción, cediendo terreno a la DO, provocando el crecimiento desmesurado de los carteles tanto al interior del país como a nivel global.
Pese a que el operativo del 22 de febrero constituye un éxito indiscutible para las FAA y un aliciente para muchos, hay que pensar que el gran poderío del estado mexicano, encarnado en sus fuerzas armadas, está supeditado a la voluntad política de quien gobierna, sus intereses y objetivos.
Esto debido a su institucionalidad, palabra que de forma sencilla significa que las fuerzas castrenses como principio no buscan, o buscaban, pertenecer a movimientos o grupos políticos concretos, que su fidelidad era hacia las instituciones, no a las personas que ocupaban cargos en el gobierno. Como ejemplo de ello se puede citar el lema del Colegio de Defensa: “la lealtad institucional como objetivo”.
De esta forma, el estado conservaba de forma razonable su capacidad armada sin demasiado riesgo de coups y asonadas, como se atestiguó ver durante gran parte del siglo XX.
Sin embargo, la institucionalidad también preservó un lado oscuro. Las fuerzas armadas, constitucionalmente, por convicción y cultura, se encuentran obligadas a seguir las órdenes de su comandante supremo (con a o e). Esto llevó a que su capacidad de combate haya sido mal dirigida, incluso corrompida, al ser usada de forma represiva en diversos episodios de nuestra historia: Tlatelolco, Aguas Blancas, Ayotzinapa, la guerra sucia en los 70, son ejemplos notorios al tratar de pensar los pasajes oscuros de las fuerzas armadas mexicanas.
Las distintas ramas de las fuerzas armadas han mostrado en incontables ocasiones su organización, capacidad y voluntad para auxiliar a los habitantes de comunidades en desgracia por fenómenos naturales y, hasta 2018, para combatir agentes del crimen y el narcotráfico.
En otras palabras, la voluntad política del grupo en el poder es la que ha manipulado en gran medida el accionar de nuestros soldados y marinos. Dicho en buen español, si su comandancia suprema lo ordena se puede desatar una guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico como lo hizo Calderón o se les puede ordenar bajar los brazos, mirar a otro lado y dejar que el crimen organizado prospere y se empodere, como fue en el caso de AMLO.
Durante el pasado sexenio se construyó la leyenda negra de las fuerzas del crimen como la verdadera potencia de combate en México. Los videos de sus efectivos con chalecos y cubre bocas, haciendo gala de sus armas y desfilando como si se tratara de una fuerza insurgente en camino a la victoria -blindados hechizos incluidos- se metió en la mente colectiva de nuestra sociedad, mientras que veíamos al gobierno jugar con “sus” fuerzas armadas a ser el muro de contención de migrantes en el sur con la guardia nacional como punta de lanza de los caprichos del poder.
“Son pura faramalla, podríamos terminar con ellos a toda velocidad”, escuché decir por ahí de 2022 a un alto mando castrense. Entonces lo dudé, debido a la avalancha de historias sobre la poderosísima DO y el retroceso de las fuerzas armadas.
El operativo para detener al Mencho enfrentó, según se ha explicado, tres círculos de seguridad, armas de alto poder, lanza cohetes como el que el mismo grupo delictivo uso para derribar un helicóptero hace años y costo la vida de 21 mexicanos en uniforme pero logró su objetivo.
Es decir, la fuerza del estado está ahí, tiene capacidad y organización para desactivar grupos delincuenciales y capturar o abatir a sus cabecillas. Lo que no existió durante todo el tiempo de los abrazos fue la voluntad política para hacerlo, quizá por miedo, quizá por interés. Quizá como parte de un esquema para crear alianzas que faciliten ejercer el poder extralegal y represivo que un caudillo necesita.
Y aunque las fuerzas armadas son garante de la soberanía nacional, tampoco podemos dejar de lado que lo que ha ocurrido con ellas en el primer gobierno con a de nuestra historia.
No se debe olvidar que las han usado, en concreto 10 mil elementos de la GN, para ser de nuevo el gran muro de contención para Trump, aunque esta vez en la frontera norte. Que las grandes acciones, como la del 22 de febrero, no son producto de una convicción política o personal. El uso de las fuerzas armadas ha sido coyuntural y, a ratos pragmático, pero siempre debido a la presión desde Estados Unidos.
Es difícil imaginar que la actual mandataria rompiera uno de los pilares narrativos y de gobierno de su predecesor y líder moral del “movimiento” por iniciativa propia. Parece más un acto desesperado con la renegociación del TMEC en puerta y para no tener que ceder a las presiones de entregar a prominentes narcopolíticos, más que una estrategia de estado pensada y trabajada en serio.
La voluntad política no es propia sino impuesta desde fuera, mientras que a los soldados marinos y guardias les toca apaciguar un país en llamas, gracias al poder de una mafia empoderada desde las mañaneras de todo un sexenio.
@HigueraB
#InterpretePolitico