En los tiempos de austeridad republicana la consigna y meta es reducir el gasto público lo más posible y redirigir los recursos que se obtengan a diferentes programas y metas prioritarias para el gobierno federal actual. Y el ámbito electoral parece un terreno fértil para lograr esto.
Es cierto que una de las grandes inconformidades de la mayoría de las mexicanas y mexicanos es el costo tan alto que la democracia tiene en nuestro país, ya que lo encuentran ofensivo y sin motivo.
Es por esto que uno de los objetivos de esta legislatura ha sido lograr la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, algo que anotaría puntos de popularidad en contraposición de su pésima imagen, debido al pobre y cuestionado desempeño que ha tenido.
Sabemos que en el imaginario colectivo los partidos políticos han perdido toda credibilidad y son vistos como centros de opacidad y concertaciones que no benefician a los ciudadanos. Pareciera que, siguiendo los pasos a las compras de medicamentos, las estancias infantiles y el NAIM, se va a proceder a recortar con machete este financiamiento al 50%.
Recorte a machetazos. Es decir, es muy alta la posibilidad de que se actúe de forma impulsiva, buscando que la realidad se adapte a las acciones legislativas y no al revés. Pareciera que se hará de manera irreflexiva y sujeta al interés político dominante y no el interés de la democracia nacional.
Y es que a pesar de que nadie se opone a reducir el costo de la democracia electoral de nuestro país, tampoco podemos “aventarnos como el borras” sin pensar y analizar cuidadosamente los posibles resultados que arrojaran en unos cuantos años las modificaciones que se realicen.
La iniciativa presentada por la diputada Tatiana Clouthier y el coordinador de la bancada morenista, Mario Delgado, y que fue dictaminada por la comisión de puntos constitucionales es un buen ejemplo. El criterio que se aborda para reducir el financiamiento es coyuntural y sin mucha profundidad.
Se habla de la cantidad de dinero que se gasta y lo que se ahorraría sin abordar cómo o por qué se llegó a este modelo, además el análisis de la iniciativa no analiza en ningún momento del contexto actual y las posibles reacciones de actores como los poderes fácticos o el crimen organizado ante la reducción de recursos a los partidos.
Más que un proyecto de ley bien analizado y prospectado, se antoja una propuesta con miras a la reelección de ambos diputados. En otras palabras buscan cumplir sus promesas y no que legislan con visión de estado.
Es cierto que en su propuesta Delgado y Clouthier salvan el escollo del autoritarismo político al proponer que el financiamiento después del recorte del financiamiento sea dividido de forma igualitaria entre todos los partidos. No obstante, me parece que esta medida en vez de ganar apoyo podría producir la reacción opuesta.
Si el motivo de que se proponga una reducción de golpe del 50% del dinero que el Estado otorga a los partidos para su funcionamiento parte de la carencia de credibilidad y confianza de los ciudadanos hacia estos institutos políticos, resulta incongruente que se proponga que tanto partidos grandes (MORENA, PAN, PRI y MC) como “la chiquillada” (PEVM, PRD PT y los que se acumulen con el proceso de registro actual) reciban la misma cantidad de dinero.
De esta forma se desestima el valor de los votos de los mexicanos, base de la actual formula de financiamiento, y se otorga dinero a partidos, como el PT, que sobreviven gracias a triquiñuelas e interpretaciones de la norma.
El otro gran riesgo es que la palabra “igualitaria” sea borrada en el debate del pleno o en la última parte de la Dictaminación. Esto significaría que en realidad no se piensa en fortalecer la democracia y reducir su costo económico, sino en fundar las bases para una hegemonía económica del partido mayoritario. Algo que huele al PRI de los años setenta.
¿Entonces debemos resignarnos a seguir dándole miles de millones a los partidos para que funcionen? No lo creo, pero tampoco es cierto que a machetazos presupuestales vayamos a mejorar la situación, sino todo lo contrario.
Para mí la solución se encuentra en algo que se aleja de la forma de hacer las cosas en estos días de cambios abruptos e irreflexivos: realizar una reforma legislativa progresiva, tanto en su entrada en vigor como en su temporalidad. Así se reduciría año con año el dinero del financiamiento hasta dejarlo en, quizá, 25% del monto actual.
Esto debe ser acompañado de una reforma integral de la LEGIPE sobre financiamiento y fiscalización, y de la Ley de Partidos para que se obligue a los partidos a ser más claros y transparentes en su rendición de cuentas, so pena de perder el registro.
En otras palabras se debe tomar el tema con la seriedad debida y no con base a los apuros electoreros y ocurrencias del grupo en el poder, el que sea. No por nada se tardó, al menos, 24 años la primera alternancia en el poder presidencial.
No debemos olvidar que el sistema electoral mexicano es el más caro del mundo y fue generado porque no confiábamos en los partidos, los políticos y los gobiernos de antaño. Yo no he visto aún un buen motivo para que esta desconfianza desaparezca, una elección no cambia un régimen y hasta ahora solo hemos cambiado de colores y eso me dice que debemos tener cuidado con la forma en que transformaos la democracia.
La memoria es un buen aliado para contrarrestar la emotividad política que inunda el país. Recordemos de donde vienen nuestras leyes y normas y quizá podemos transformarlos con más tino y menos riesgos. De lo contrario quizá Bartlett termine por ser el asesor de la nueva reforma electoral.
¿No le parece a usted eso terrible?
@HigueraB
