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Cuando las instituciones actúan

08/12/2019
00:41
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Es cosa fácil ser bueno: lo difícil es ser justo.
Víctor Hugo

En muchos sentidos 2019 ha sido tan importante para el futuro de la democracia mexicana que 2018. El año que termina ha sido un verdadero laboratorio de futurismos en el cual se experimenta con la clase de país que tendremos en los próximos años, quizá décadas.

Y es que construir un sistema político electoral que sea funcional, transparente y eficiente es todo un reto que puede tardar décadas en lograrse, eso sin tener la presión de una austeridad básicamente injustificada como la que hoy se usa de bandera política.

En el caso específico de la democracia electoral nacional se encuentra bajo ataque en diversos frentes, poniendo en riesgo décadas de trabajo político y de acciones ciudadanas que modificaron el marco normativo y crearon las condiciones sociales necesarias para su funcionamiento.

Entre las presiones más notorias se encuentran la pérdida de credibilidad derivada de la rampante ineptitud y corrupción de los tres gobiernos anteriores, así como un accionar incesante de algunos actores que buscan reventar a como dé lugar una sistema político imperfecto y vulnerar nuestra Carta Magna con mentiras burdas y simulaciones.

Este último grupo, de los mentirosos y violadores de la Constitución, pertenece Jaime Bonilla, gobernador de Baja California. Su cínico descaro ha llegado a niveles inusitados. Lo ha desplegado en cada medio de comunicación que lo ha entrevistado, demostrando que ignora convenientemente documentos legales que lo contradicen e incluso desconoce a la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Olviden al Bronco y su comparación entre mujeres y caballos, a Barbosa y los castigos divinos, a Cuauhtémoc Blanco y sus declaraciones absurdas de cómo combatir la violencia. Jaime Bonilla ha desconocido la preeminencia constitucional, la validez de las convocatorias y/o acuerdos electorales oficiales y ha cooptado –probablemente al punto de corromper- a jueces y legisladores de su estado para lograr su capricho autoritario de gobernar más del doble del tiempo para el que fue electo por los ciudadanos de su estado.

Sin embargo, la esperanza de detener sus acciones mitomaníacas e ilegales acaba de renovarse, al ser dado a conocer por los medios el contenido de una opinión técnica emitida por el pleno de la Sala Superior del TEPJF a pedido del Ministro instructor que estudia las acciones contra la infame ley Bonilla.

La esencia de la opinión SUP-OP-005/2019 es que las acciones del congreso del estado de Baja California son contrarias a lo dispuesto en la constitución, al vulnerar la certeza que debe tener una elección, los principios de votar y ser votado, así como el principio de no reelección, todos consagrados la Constitución de nuestro país.

Esto significaría, traducción a lenguaje ciudadano, que el congreso y el gobernador bajacalifornianos se burlaron de lo expresado en las urnas por los votantes y olvidaron que sirven a la ley en lugar de tratar de servirse de ella para perpetuarse en el poder.

Debemos seguir atentos, ya que aún falta el último acto de esta obra, que determinará si presenciamos una farsa o una obra épica: la decisión del pleno de la SCJN.

Y es no debemos perder de vista algunos varios elementos que son preocupantes. El primero de ellos es la tendencia del ejecutivo en entrometerse en asuntos de competencia exclusiva de otros Poderes de la Unión, sumado a la preocupante divergencia de las declaraciones de la actual secretaria de gobernación, quien fuera ministra de la SCJN.

El segundo asunto que preocupa es la opacidad. ¿Por qué el TEPJF se maneja con tal sigilo ante el tema, si es de absoluta trascendencia para el futuro de nuestra democracia?

Incluso actualmente se maneja una cautela excesiva por parte de los responsables de comunicación social del máximo órgano jurisdiccional electoral mexicano. Que a pregunta expresa afirman que la opinión de los magistrados es un documento interinstitucional privado, del que no tienen conocimiento y copia. Esto al tiempo que aseguran que está firmado por los siete integrantes de la Sala Superior y que, en efecto, es una opinión técnica emitida a solicitud de la corte.

Pese a lo anterior me siento optimista. Cuando las instituciones actúan siempre hay mejores perspectiva a futuro, a pesar de que los tiempos presentes sean raros y difíciles. Mi apuesta es que al final se dará cátedra de constitucionalismo (al impedir la auto imposición de Bonilla), dando un gran mensaje para los procesos electorales por venir, sentando un precedente que diluirá cualquier intentona parecida y generando una mayor confianza en nuestras instituciones por parte de los mexicanos en general.

@HigueraB

Académico, analista y consultor en comunicación política