La educación superior (ES) es uno de los principales motores del desarrollo económico, social y cultural de un país. A través de las instituciones de educación superior (IES) se forman profesionistas, científicos y técnicos que impulsan la innovación, la productividad y la competitividad, además de contribuir a la reducción de desigualdades mediante mayores oportunidades de movilidad social y el fortalecimiento de una ciudadanía activa y crítica. Asimismo, la ES representa un espacio estratégico para la generación de conocimiento, la investigación científica y la atención de problemas nacionales y locales.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y en el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum se impulsaron diversas acciones orientadas a ampliar el acceso a la educación superior, particularmente entre los sectores más vulnerables, y a reducir la deserción escolar. Entre ellas destacan la incorporación de la ES como nivel “obligatorio” en 2018; la creación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, con cerca de 200 planteles y una matrícula aproximada de 85 mil estudiantes; la expansión de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que cuenta con nueve sedes y alrededor de 80 mil alumnos; y la implementación de programas de becas, especialmente Jóvenes Escribiendo el Futuro, que beneficia a cerca de 450 mil estudiantes. A ello se suma la eliminación de exámenes de ingreso en algunas instituciones públicas y un esfuerzo para que amplíen su oferta educativa.
De acuerdo con cifras de la SEP, la matrícula total de educación superior —incluido el posgrado— pasó de aproximadamente 4.7 millones de estudiantes en 2018 a 5.35 millones en 2024, un incremento de 664 mil alumnos (13.8%). En términos de cobertura, la proporción de jóvenes de entre 18 y 22 años matriculados en este nivel aumentó de 38.4% en el ciclo 2017-2018 a 45.1% en 2024-2025. No obstante, este crecimiento no puede atribuirse únicamente a las políticas de la 4T. Una parte relevante se explica por el aumento de la oferta pública no escolarizada y, sobre todo, por la expansión de la educación privada.
En 2018, las instituciones privadas atendían alrededor del 30% de la matrícula total de educación superior; para 2024 esta proporción se elevó a cerca del 38%. Actualmente, de los 5.35 millones de estudiantes, 3.32 millones cursan estudios en instituciones públicas y 2.03 millones en privadas. Esta tendencia se refleja también en la estructura del sistema: de las 4,336 IES que existen en el país, 1,078 son públicas y 3,258 privadas. Más preocupante aún es que, de acuerdo con el informe de la OCDE de 2024, 6 de 10 egresados de ES en México provienen de instituciones privadas y solo cuatro de instituciones públicas; lo que habla de una gran deserción y abandono escolar en la educación pública.
El presupuesto destinado a la educación superior ofrece una clave fundamental para entender este fenómeno privatizador. Según cifras oficiales, el gasto educativo público total se redujo en términos reales durante el sexenio de AMLO en alrededor de 53 mil millones de pesos. Más preocupante aún es la caída del gasto público por alumno en educación superior, que pasó de aproximadamente 78,700 pesos anuales en 2018 a 46,000 pesos en 2024, una reducción cercana al 42%. En los hechos, el aumento de la matrícula se logró mediante una mayor participación del sector privado y una expansión pública de bajo costo, marcada por una disminución significativa de la inversión por estudiante. A ello se suman las limitaciones estructurales del sistema público para absorber la demanda y un nivel de gasto por alumno inferior al promedio de la OCDE, factores que incentivan la dependencia de la oferta privada.
En síntesis, los gobiernos de la 4T dejan una paradoja difícil de soslayar: mientras el discurso oficial reivindica la educación superior como un derecho y proclama constantemente el fortalecimiento de lo público, en la práctica se ha consolidado una mayor dependencia de la provisión y el financiamiento privados. El crecimiento de la matrícula privada y el traslado de costos a los hogares evidencian que la ampliación del acceso no estuvo acompañada de una expansión suficiente, sostenida y de calidad del sistema público. Más que una ruptura con el modelo “neoliberal”, el periodo profundizó una privatización silenciosa que reproduce desigualdades y pone en entredicho la promesa de una educación superior verdaderamente universal, gratuita, equitativa y de calidad en México.
Presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, A. C. @EduardoBackhoff