La Escuela es Nuestra (LEEN) es un programa presupuestario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) orientado a mejorar las condiciones físicas y de servicios de las escuelas públicas de educación básica y media superior. Su enfoque principal es la entrega de subsidios directos a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), integrados por madres, padres y docentes, para que sean ellos quienes decidan en qué invertir los recursos, de acuerdo con las necesidades de su comunidad escolar: infraestructura, equipamiento, servicios, alimentación o extensión del horario escolar.
Antes de LEEN, la infraestructura escolar se financiaba principalmente mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). A través de la partida de Infraestructura Educativa Básica se transferían recursos etiquetados a los estados, que se utilizaban para construir nuevas escuelas, rehabilitar aulas, sanitarios, techos y bardas, así como para adquirir equipamiento básico. El recurso no llegaba directamente a las escuelas, sino que era canalizado a través de instancias técnicas especializadas, como el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y los institutos estatales de infraestructura educativa, quienes se encargaban de diagnosticar necesidades, diseñar proyectos, contratar empresas constructoras, supervisar las obras y verificar el cumplimiento de normas de seguridad estructural, eléctrica y de protección civil, entre otras. Además del FAM, existían programas federales complementarios, como las Escuelas al CIEN, orientado a la rehabilitación masiva de planteles; las Escuelas de Tiempo Completo, que incluían adecuaciones de infraestructura, comedores y equipamiento; así como programas específicos para atender escuelas dañadas por diversas causas.
LEEN inició en 2019, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, bajo la premisa de que los programas nacionales de infraestructura escolar eran burocráticos, lentos y propensos a la corrupción. De acuerdo con esta narrativa, por un lado, el dinero para arreglar las escuelas pasaba por múltiples instancias —dependencias federales y estatales, institutos, constructoras y supervisores—, lo que generaba pérdidas de recursos, tiempo y transparencia. Por otro lado, muchas escuelas, especialmente en zonas rurales, seguían careciendo de servicios básicos como baños dignos, techos seguros o agua potable. Ante ello, se decidió transferir los recursos directamente a las escuelas, bajo el supuesto de que los padres de familia cuidarían mejor el dinero que cualquier oficina gubernamental.
Lo bueno de LEEN es que el dinero llega directamente a las comunidades escolares, con menos intermediarios; que las propias comunidades deciden qué necesita su escuela; que el programa ha alcanzado a una gran cantidad de planteles en todo el país; y que muchas escuelas han mejorado sus instalaciones. Lo malo de LEEN es que no todas las comunidades están preparadas para administrar recursos públicos; que existe una clara falta de acompañamiento técnico; que el programa no garantiza mejoras educativas, sino únicamente materiales; y que servicios fundamentales como la alimentación escolar o la ampliación del horario son inciertos y desiguales. Lo feo de LEEN es que implicó la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo, que sí ofrecía comida y más horas de aprendizaje, lo que representó un retroceso significativo para las familias más pobres. También es preocupante la poca claridad sobre el destino final de todos los recursos, así como la enorme carga de responsabilidad que se trasladó a los padres de familia. El Estado delegó en las comunidades tareas que antes eran responsabilidad gubernamental: contratar, supervisar y rendir cuentas. A ello se suma el riesgo de normalizar mejoras temporales o deficientes, en lugar de soluciones duraderas y seguras.
LEEN se convirtió en un programa insignia de la llamada Cuarta Transformación, por lo que su presupuesto es enorme. Se estima que entre 2019 y 2026 se habrán ejercido cerca de 135 mil millones de pesos. Aunque el programa parte de la idea de asegurar que los recursos lleguen con rapidez a las escuelas y de confiar en sus comunidades, el problema es que el gobierno confundió confianza con abandono. Entregar dinero sin acompañamiento técnico, sin evaluación clara y sin garantizar derechos básicos como la alimentación o el tiempo escolar extendido no es empoderar a la escuela, sino deslindarse de ella. Si el Estado no es capaz de asegurar que todas las escuelas sean seguras, funcionales y que cumplan con su función educativa, entonces la responsabilidad no recae en los padres de familia, sino en quienes diseñaron esta política pública.
Presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, A. C. @EduardoBackhoff