Hacemos ciencia, no delincuencia

Eduardo Backhoff Escudero

En anteriores colaboraciones he manifestado mi preocupación porque en el gobierno de la 4T no se respeta el derecho que tienen todos los mexicanos a expresarse libremente. Por ello recordé, en su momento, la novela de Jeorge Orwells, 1984, que narra la distopia de un mundo donde el Ministerio de la Verdad del gobierno de Oceanía acusaba en el programa Dos minutos de odio a quienes consideraba sus enemigos, para que la ciudadanía expresara su odio y rechazo hacia los acusados. Esto vino a colación por el parecido que tiene este escenario con el programa Quién es quién en las mentiras.

Algunos de mis amigos afines a la 4T me cuestionaron preguntándome si yo conocía a alguien que lo hubieran metido a la cárcel por dar su opinión. Mi respuesta fue que no, pero que el juicio inquisitorio y persistente del presidente hacia algunas agrupaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, periodistas e intelectuales (con santo y seña) debilitaba definitivamente la libertad de expresión, no solo de las personas e instituciones acosadas sino también de toda la ciudadanía, pues las palabras del presidente tienen tal fuerza que, no solo mina la credibilidad y prestigio social de quienes acusa en público, sino también propicia que sean atacados en redes sociales y que sufran posibles agresiones físicas de fanáticos seguidores del presidente.

En estos días hemos sido testigos de cómo los académicos que no piensan como la 4T y se atreven a dar su opinión pueden ser amenazados con llevarlos a la cárcel. Se trata de los 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt y del Foro Consultivo de la Ciencia y la Tecnología (FCCT) que fueron acusados ante un juez por diversos delitos, incluyendo el de operar con recursos de procedencia ilícita y el de delincuencia organizada, lo que ameritan la prisión preventiva. La solicitud fue presentada por el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, con base en una denuncia de la directora de CONACyT, Dra. María Elena Álvarez Buylla. Entre los acusados se encuentran la Dra. Julia Tagüeña Parga (exdirectora del FCCT) y el Dr. Enrique Cabrero Mendoza (miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM).

Ante semejante agresión en contra de algunos miembros de la comunidad científica, grupos de académicos y de la sociedad civil y de algunas universidades se han manifestado en contra de tal hostigamiento. Así, los integrantes del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior, de la UNAM, publicaron un comunicado donde exigen el esclarecimiento de dichas acusaciones y el desistimiento de la acción penal, y manifiestan su solidaridad con los inculpados, sus familiares e instituciones. Por su parte, siete Premios Nacionales de Artes y Ciencias exigen que se ponga alto al hostigamiento de los 31 inculpados, ya que dos jueces han desestimado por improcedente la denuncia de la Fiscalía.

El rector Graue, en acto público, fijó su postura en defensa de los académicos perseguidos por la FGR, haciendo alusión al despropósito de acusarlos de asociación delictuosa que, por demás, resulta inconcebible; adicionalmente, hace votos porque en México se respete la separación de poderes. El claustro de estudiantes y exestudiantes de El Colegio de México también comunicó a la opinión pública que es una desmesura esta acusación, ya que se trata de una utilización facciosa de una de las instituciones centrales del poder, por lo que solicitan dejar a la comunidad académica y científica en paz, para que pueda realizar su trabajo en libertad. La Red ProCienciaMx hace circular el hashtag #hacemos ciencia, no delincuencia y solicitan la no persecución de los científicos del país.

Finalmente, la Dra. Julieta Fierro Grossman se pregunta: ¿No será que este ataque desmedido a los científicos se debe a que está por aprobarse la nueva Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación y se quiere crear un ambiente de terror para que no haya protestas por una ley que pretende concentrar el poder y limitar lor recursos y la libertad de investigación?

Con toda seguridad, los 31 acusados deben estar viviendo una pesadilla, que les puede destruir la vida y su patrimonio. A mis amigos pro AMLO les diría que, aunque éstos no llegaran a la cárcel, los momentos que vive México me recuerdan al país de Oceanía, de Orwell, donde la libertad de expresión no existía.

Métrica educativa, A. C.
@EduardoBackhoff

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