Me contaba un viejo amigo que el gobierno tiene muchos miedos. Inventa fantasmas para defenderse de los mil peligros que, en su opinión, enfrenta todos los días. Uno de esos miedos es la información veraz que instituciones externas y autónomas puedan generar, utilizar y publicar en su contra. Por lo general, los gobernantes prefieren tener el control de la información del país para poderla utilizar y dosificar en la forma y tiempo que más les convenga políticamente; es decir, para quedar bien con la ciudadanía y conservar la popularidad que ostentan en un momento. Esto sucede con regularidad en los gobiernos autoritarios y demagógicos, pero no en los democráticos.

Las democracias requieren operar con contrapesos con el fin de evitar que el ejecutivo haga su voluntad sin considerar otros miramientos más que los propios. Los contrapesos formales en una democracia son, en este orden de importancia, los poderes judicial y legislativo, que vigilan y aseguran que las decisiones más importantes del Estado se lleven a cabo en el marco de las leyes que deben regular el comportamiento de un gobierno y defender a la ciudadanía. En México, los organismos constitucionalmente autónomos habían también funcionan como contrapesos del ejecutivo, pues además de generar y publicar información de manera independiente, tienen algunas atribuciones para regular procesos del ámbito gubernamental.

Por otro lado, también existen otros contrapesos no-formales en una sociedad. Dos de los más importantes son los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. Ambos ayudan, a través de distintos mecanismos, a que los gobiernos trabajen en favor de la población y no para los partidos que representan o para intereses mezquinos. Sin ninguna excepción, los contrapesos requieren contar con información veraz sobre los distintos ámbitos de un país. Es decir, la verdad es consustancial a la democracia. Y esta verdad la deben generar y dar a conocer instituciones independientes a los gobernantes, que no tengan intereses políticos o partidistas. Por naturaleza, la información generada por el gobierno siempre estará sesgada, con el fin de protegerse. Dos casos emblemáticos de esta tesis son: el informe del gobierno de Días Ordaz sobre lo sucedido en el movimiento estudiantil de 1968 y la “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto sobre lo sucedido con los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

Contar con información veraz y oportuna es una condición indispensable para que la sociedad pueda exigirle al gobierno atender con eficiencia los asuntos de mayor importancia del país y para comprobar que las políticas y programas gubernamentales están logrando las metas que se propusieron. En otras palabras, la información veraz es la única forma de tomarle el pulso o los signos vitales al país y saber si éstos van, o no, mejorando a través del tiempo. Con esta idea se crearon en México algunos institutos autónomos como el INEGI, el CONEVAL y el INEE, cuya función principal fue la de generar información veraz sobre las distintas características del país: demografía, pobreza y educación, respectivamente.

Por desgracia, la 4T no se ha comportado como un gobierno democrático que busca fortalecer las instituciones que se encargan de generar información verídica. Por el contrario, ha buscado desaparecer, denostar y minimizar la importancia que tienen dichas instituciones, favoreciendo “sus propios datos”; es decir, actuando como juez y parte. El caso del INEE es particularmente emblemático ya que además de desaparecerlo, lo sustituyeron por una comisión no autónoma (MEJOREDU), cuyo interés no está en continuar generando indicadores del sistema educativo (Panorama Educativo) ni en evaluar los aprendizajes de los estudiantes de la educación obligatoria (PLANEA). Todo parece indicar que la SEP será la única instancia que generará información sobre el sistema educativo, regresando el reloj de la historia de México en materia de transparencia unos 25 años, donde el ejecutivo decidía realizar y publicar los resultados de las evaluaciones educativas. Este fue el caso del estudio TIMSS de 1995, en el que el gobierno decidió retirarse del estudio para evitar que se publicaran los resultados “poco alentadores” de México.

Por ahora, queda claro que a la 4T no le interesa que se genere información veraz e independiente, que es la gasolina para que el motor de la democracia pueda funcionar. Lo más grave es que esto no solo sucede en el ámbito de la educación, sino también en muchos otros: salud, energía, seguridad, etc.

Presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, A.C.
@EduardoBackhoff

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