El Ucase de Villa Tepetitán

Eduardo Arvizu

*Ucase: del Ruso Ukaz (Decreto). Decreto del Zar, Orden Gubernativa Injusta y Tiránica, Mandato Arbitrario y Tajante. Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.

Ante el evidente endurecimiento de López Obrador, llegaron los tiempos de las netas, divinas o no.

El Poder Judicial de la Federación queda en el centro de la atención nacional por dos motivos.

Primero, porque apenas el Martes pasado el Senado nombró Ministra por 15 años a Loretta Ortiz, como sustituta en el sitial que dejará Fernando Franco González Salas. Asumirá el 4 de Enero.

Y segundo, porque no habrán de transcurrir más de 30 días para que la Suprema Corte de Justicia reciba diversas Controversias Constitucionales contra el Acuerdo de López Obrador, en el que se autoabastece de la manga más ancha que se haya visto para ejercer el poder y el presupuesto.

Todo un Ucase Zarista, digno de Alejandro o los Romanov.

Ya se avizoraba. Una vez que la administración de la llamada 4T perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el gobierno de López Obrador tendría un giro personal de endurecimiento y comenzaría a dar posiciones a los de la línea radical de Morena. Y ahí está Pablo Gómez para acreditarlo.

El revuelo por el ‘Decretazo’ del 22 de Noviembre lleva en su cauce y fuera de él la ríada de bits que produjo. Los veteranos diríamos ‘el río de tinta’. López Obrador sigue, ante una oposición que cada vez más aparece pasmada, imponiendo los temas de la conversación y los debates de la agenda.

En el curso de las tres próximas semanas sonará la hora del Poder Judicial, porque los recursos jurídicos que vienen son la única opción que queda a los Poderes, instituciones y ciudadanos ante la cerrazón del grupo Obradorista que concibe al ‘Decretazo’ como la simple apertura de una “ventanilla única” para los trámites de gobierno (Adán Augusto Dixit).

La publicación del ‘Acuerdo’, que para efectos de Ley tienen los alcances de un Decreto, pese a que desde la colocación del apelativo tiene mala leche institucional.

Un acuerdo tiene fines administrativos y un decreto dicta condiciones normativas. Y qué más normativo (imponer normas) que ORDENAR a la administración pública entera se brinquen todas las reglamentaciones y en solo 5 días concedan lo que sea ante todo aquello que al régimen le plazca declarar de interés público y seguridad nacional?

Mi abuela hubiese dicho que se hacen ‘como el tío Lolo’, comenzando por López Obrador y siguiendo con el Secretario paisano que en Zacatecas salió con la ocurrente creación de la Ventanilla Única.

El dato en lo legal

El Decretazo ha de movilizar en los próximos días a los dos Medios de Control Constitucional existentes en nuestro haber legal.

Son:

La Controversia Constitucional, que el Articulo 105 de la Carta Magna faculta exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer y resolver esta clase de actos jurídicos. Una Controversia Constitucional es un juicio que se inicia en afán de dirimir conflictos que sucedan entre Poderes Federales, o Poderes de los Estados de la Federación o incluso entre los diversos órganos en la Ciudad de México.

El Juicio de Amparo Indirecto, que puede interponer cualquier empresa, ciudadano, organización de la sociedad civil, que se sienta afectado por una disposición de las autoridades. Puede ser gestionado ante cualquier Juez Federal en cualesqueira de los Circuitos que el Consejo de la Judicatura divide la geografía del país.

En el primer caso, ya está anunciada la interposición de dos Controversias.

En la Cámara de Diputados, legisladores de los PRI, PAN y PRD anunciaron la presentación de una. Lo harán desde sus respectivas dirigencias y no lo podrán hacer en nombre de la Mesa Directiva de San Lázaro o el Senado pues en este momento las tiene Morena bajo su control. Como fuere, las dirigencias nacionales de estos partidos, dentro de la coalición legislativa que sustentan, irán en el mismo sentido del uso de este medio de Control Constitucional. Afinan la estrategia y lo harán en las mejores y más puntuales condiciones legales para que proceda.

En el segundo se pronunció el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que anunció la interposición de una Controversia contra el Ucase. La razón es que advierten la opacidad y abuso al que puede conducir en el quehacer gubernamental esta decisión de López Obrador.

Todavía habremos de conocer el recuento de todos los juicios de amparo que la sociedad civil, sus empresas y organizaciones van a presentar y, lo que más le duele a López Obrador y su claque, la serie de suspensiones, algunas provisionales y quizá otra definitivas, que determinarán los Jueces de Distrito que conozcan de estos recursos constitucionales. Hay que considerar que el otorgamiento de amparo tendrá efectos exclusivamente para cada uno de sus solicitantes.
En los dos casos, el tema recae sobre Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

El Primero, porque deberá ser la Corte la que resuelva sobre la procedencia de las Controversias que se presenten y que al día son dos, más lo que se acumule esta semana.

¿A qué clase de presiones con la UIF o la Fiscalía recurrirá la administración de la 4T para presionar el voto de los Ministros, sobre todo a su ‘bloque opositor’?
Y en el caso de los Amparos que se gestionen ante Juzgadores Federales, hay que preguntarse qué hará Zaldívar frente a los Jueces en cuestión?. Dentro del Consejo de la Judicatura se hacen la misma pregunta: el tan socorrido Secretario General Carlos Alpizar será comisionado una vez más para llamar a los Juzgados correspondientes?


El dato de lo que atropella

Lo que Adán Augusto López manejó a la ligera en Zacatecas como un asunto de carácter ‘administrativo’, de acuerdo con juristas tiene al menos siete aspectos Constitucionales que son francamente desbordados.

1.- El ‘Acuerdo’ pretende imponerse de manera indebida a leyes que han sido producidas por el Congreso de la Unión en más de una materia, practicamente en cada uno de los campos que abarca la publicación de ‘la extra’ vespertina del Diario Oficial del pasado 22.

2.- Genera competencia desleal y ventajosa, por tanto violenta preceptos de la Ley Federal de Competencia Económica, al dar preferencias indebidas a las obras gubernamentales, por encima de la empresa particular que queda sometida a la jungla del mastodonte artrítico que es la infernal tramitología oficial.

3.- Hace a un lado, indebidamente, lo relativo al debido proceso que, como hemos comprobado en casos tan emblemáticos como el de Florence Cassez, pueden dar sentido definitivo a cualquier juicio.

4.- De golpe, hace a un lado toda la legislación y reglamentación en lo relativo a la consulta previa en materias tan variadas y sustanciales como la ambiental y cuestiones de carácter agrario y social.

5.- Por tanto, violenta el derecho humano a un medio ambiente correcto al dejar en el limbo de solo cinco días de plazo perentorio a todo lo relativo al impacto ambiental.

6.- Entra en colisión con el ámbito del Poder Legislativo que ha producido un arsenal de leyes, las cuales pueden ser burladas gracias a la ‘ventanilla única’. Un simple ‘Acuerdo’ que hace nugatorio lo establecido en todo un orden jurídico.

7.- Amenaza el precepto de Máxima Publicidad para TODA la información en poder del Gobierno, de acuerdo con el Sexto Constitucional. El parapeto de la seguridad nacional podría ser el bunker de la opacidad y corrupción. Contra eso, ni el Pleno del INAI tendría alcances reales.

Lo cierto es que a partir de este ‘acuerdo’ la administración pública toda podrá gozar de una casi automática Afirmativa Ficta para cualquier obra que pretendan emprender, con solo 5 días de plazo.

Y de la transparencia, qué tal?

Queda como adorno el Artículo 104 de la Ley General de Transparencia, que esgrime la “Prueba de Daño” como requisito para reservar total o parcialmente una información. Se puntualizan TRES supuestos para darle este carácter:

1.- Demostrar que hay un daño real a la sociedad con la difusión de esa información, incluso a futuro.

2.- Demostrar que el riesgo de presunto perjuicio es superior al interés público de que se difunda.

3.- Que la limitación de la información sea proporcional y que represente el medio menos restrictivo para su difusión.

Este paso de la Ley se lo van a ahorrar. Ahora la respuesta en tono de negativa será “por seguridad nacional e interés público”.

Cada día queda más claro que López Obrador ve con desesperación el incumplimiento en los plazos de entrega de sus peleadísimas obras emblemáticas, bioterio de los futuros elefantes blancos. Sin contar con los sobreprecios y trapacerías que hemos comenzado a conocer gracias al periodismo de investigación.

Les deseo un gran día de sol.
 

Twitter @undatosrarvizu
FB Eduardo Arvizu Marin
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