Muchos somos aún los miembros de una generación que creció al amparo de los valores esenciales expresados en la Constitución de 1917. Nos fue imbuido el nacionalismo como la virtud que ubica a la Patria a nivel de valor supremo, defiende su independencia como patrimonio irrenunciable y la Soberanía como baluarte para proteger su integridad territorial, el aprovechamiento de sus recursos y el ser mismo de nuestra Nación. Nos enorgullecía saber que nuestro país tenía un reconocimiento mundial como una de las pocas democracias consolidadas en América Latina que mantenía la paz social y la estabilidad política con un régimen que se renovaba periódicamente y constituía una excepción en el mar de golpes de estado que se producían en la región. Nos apasionaba celebrar la gesta expropiatoria de Lázaro Cárdenas y el apoyo popular que recibió por afirmar la propiedad sobre nuestros recursos. A mí me tocó asistir a la plaza de mi pueblo a festejar la nacionalización de la industria eléctrica dictada por Adolfo López Mateos. Se nos inculcaba el valor de lo social como superior a las aspiraciones individualistas y la solidaridad comunitaria como un elemento que da cohesión a la sociedad.
Por eso fue muy satisfactorio el mensaje de la Presidenta de la República durante la conmemoración del aniversario de nuestra Constitución, dando cuenta de los cambios que reorientan positivamente su contenido hacia los valores y principios originales surgidos de la Revolución Mexicana que el neoliberalismo fue desmontando mediante las mentadas “Reformas estructurales”. Resultó reconfortante escuchar en voz de la Titular del Ejecutivo la reafirmación de esos principios y valores despreciados por el neoliberalismo que veía a la soberanía como un estorbo y al nacionalismo como un defecto. Alienta saber que ella repudia tales posiciones y ha devuelto a la Constitución el principio de Rectoría del Estado y la vigencia de la empresa pública. Que ha extendido los derechos sociales al constitucionalizar los programas que procuran la justicia social, e impulsado la democratización del Poder Judicial cuya misión —aún no plenamente entendida— es consolidar el Nuevo Paradigma Constitucional.
En este viraje solo falta rectificar el artículo 1º para reencauzarlo hacia el sentido original de protección de los derechos humanos en la Constitución de 17. Muchos en el partido gobernante siguen considerando como un avance la reforma de 2011, cuando en realidad fue un retroceso hacia la ideología de la derecha que en el periodo neoliberal introdujo, como un Caballo de Troya, cambios en ese precepto que han servido para tratar de mellar la Soberanía Nacional. Preocupa que continúe la tendencia de la Suprema Corte a ceder ante intereses externos dando excesiva importancia a los tratados internacionales y hasta al soft law como si fueran superiores al texto constitucional. La rotunda referencia en el discurso presidencial a la reforma del artículo 19, vinculada a la Soberanía, deja en claro que el modelo actual no va por ahí.
Se debe recuperar el intento de reformar el artículo 1º hecho a principios del sexenio, que un inexplicable titubeo legislativo echó para atrás. Esa reforma afirmaba la absoluta Supremacía Constitucional al declarar que de ninguna manera podía dejar de aplicarse alguna de sus normas argumentando un control de convencionalidad.
Quienes aún temen dar ese paso deben comprender la necesidad de volver a la noción positivista que beneficia a la Nación, en especial cuando se trata de defender sus recursos naturales, lo cual no constituye una pérdida de protección de los derechos humanos, al contrario, permitirá reforzar los económicos, sociales y culturales, que deben ocupar el primer plano. Un gobierno decidido a hacer valer todos los derechos humanos, no tiene por qué exaltar la tutela exterior para confirmarlo. Ojalá pronto se dé ese cambio que culmine la restauración de los valores y principios de los que nunca debió apartarse nuestra Constitución.
@DEduardoAndrade
Investigador de El Colegio de Veracruz y Magistrado en retiro