Preocupa que la Nueva Corte muestre una errática trayectoria en la que a veces parece orientada por una ideología nacionalista comprometida con la Supremacía Constitucional y el Estado de Derecho y en otras se aleja peligrosamente de esos principios y retoma vicios por los cuales se requirió su renovación. Parece que la purificación de su sede no fue completa y en el salón de plenos quedó algún virus neoliberal que está infectando a la nueva composición.
La semana pasada vimos dos casos de ese bamboleo. Uno tuvo que ver con otro intento de cuestionar la certeza de la cosa juzgada, piedra angular de un derecho humano fundamental: la seguridad jurídica. Pese a que la Corte emitió un comunicado reafirmando el valor de la cosa juzgada, nuevamente en un proyecto que ratificaba la decisión firme de la extinta Primera Sala, se introdujo sin necesidad y en sentido contrario a la resolución, un párrafo que amenaza revisar indiscriminadamente sentencias definitivas.
En contra se manifestó tajantemente la ministra Yasmín Esquivel que se ha convertido en el más sólido referente jurídico y centro de equilibrio de la nueva integración, lo cual no es extraño pues su experiencia judicial multiplica varias veces la de todos sus compañeros juntos. Su postura tuvo respaldo mayoritario: 7 Ministros se expresaron en contra, pero una desafortunada conducción del debate llevó al absurdo resultado de que la minoría impusiera su criterio y en lugar de modificarse el proyecto, las razones mayoritarias quedaron expresadas como “votos concurrentes”. Esto abre la puerta a que se erosione la confiabilidad de la Nueva Corte, pues ella misma parece dispuesta a poner en peligro uno de los pilares del Estado de Derecho: la cosa juzgada.
El otro asunto fue el relativo a la admisión de una opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. El proyecto reconoce que tal Grupo no tiene funciones judiciales ni emite disposiciones coercibles y que sus opiniones no son Derecho. A pesar de ello, una mayoría empleó la opinión para fundar la concesión de un amparo mediante una truculenta vinculación con el artículo 1º constitucional que obliga a todas las autoridades a proteger los derechos humanos, olvidando que deben hacerlo en el marco de sus competencias. Otra vez el compromiso de la ministra Esquivel se manifestó con firmeza en favor de esos valores básicos: defensa de los derechos humanos con apego contundente a la Supremacía Constitucional, a la Soberanía y la División de Poderes, cuya protección encargó el pueblo a los ministros electos y de los cuales varios se están apartando. Ella demostró que la Corte carece de competencia para instrumentar comunicaciones de órganos internacionales dirigidas al Poder Ejecutivo, quien tiene a su cargo la política exterior. Advirtió que la Corte entra al peligroso campo de comprometer la Soberanía nacional que debe salvaguardar. Aun así se concedió un amparo de mero relumbrón, sin efectos prácticos pues no restituyó ningún derecho, pero colocó a la Corte en una posición de sometimiento a factores externos, contraria a la línea ideológico-jurídica que está en la base de su origen electoral.
Me pregunto si por una recomendación de la Comisión Interamericana de DD HH los ministros repondrían en sus puestos a los jueces que acudieron a esa Comisión en defensa de sus “derechos humanos ”.
@DEduardoAndrade
Investigador de El Colegio de Veracruz y Magistrado en retiro