Una de las razones que exponía el presidente López Obrador para la realización de la reforma judicial, a la que se adhirió la actual Presidenta, era la frecuente emisión de resoluciones favorables a los delincuentes. Ahora resulta que después de todo un proceso de elección de juzgadores para renovar al Poder Judicial, su máximo órgano incurre exactamente en el mismo defecto atribuido a sus antecesores: emitir resoluciones que en la práctica parecen dirigidas a favorecer a los delincuentes y a propiciar la impunidad.
El miércoles de la semana pasada se produjo una de las decisiones más delicadas a partir de un criterio excesivamente formalista y aparentemente protector de los derechos humanos, que en realidad acaba desprotegiéndolos. El asunto fue tan aberrante que una mayoría de seis ministros terminó por convertir ¡en víctima! a un sentenciado por delincuencia organizada y secuestro.
Esta persona impugnó la condena de 54 años de prisión, que ya le había sido confirmada en amparo, por su participación en un grupo dedicado a hacer creer a migrantes extranjeros que los ingresarían a EU para luego retenerlos ilícitamente y exigirles entregas de dinero. La sentencia, que debía quedar firme, fue revocada por la mayoría de los ministros con base en un proyecto que aceptó el argumento del sentenciado en el sentido de que debían invalidarse las declaraciones en su contra hechas por sus víctimas extranjeras porque ellas no recibieron asistencia consular.
La primera en reaccionar contra ese extraño proyecto fue la ministra Yasmín Esquivel que en una sólida intervención expuso del siguiente modo la incongruencia que contenía: “La quejosa y recurrente en este asunto es la persona condenada, no es víctima y, en esa medida, no puede reclamar la violación de los derechos de asistencia consular de las víctimas cuando no es víctima, es el imputado. Este derecho nace y se agota únicamente en las víctimas. De este modo, dado que las víctimas extrajeras no acuden a este juicio de amparo, considero que no deben resentir un perjuicio en sus derechos de acceso a la justicia y a la reparación del daño por el solo hecho de no haber recibido una asistencia consular.” Luego añadió: “El proyecto intenta proteger los derechos de las víctimas, beneficiando a sus victimarios, a sus verdugos, a sus acusados. Considero que por el simple hecho (como lo señala el proyecto) de que se excluya la declaración de las víctimas, seguramente cae la condena y esto me parece muy delicado. Conduce a la impunidad.”
Más claro, ni el agua. Es increíble que algo tan evidente, solo encontrara respaldo en otras dos ministras que con argumentos similares votaron contra el proyecto. Los votos particulares anunciados por quienes portaron la verdad minoritaria deberán ser la guía para una futura reversión de este peligroso precedente.
No tengo la menor duda sobre la probidad y la buena fe de los ministros que llegaron a una conclusión tan equivocada. El problema es que ellos y sus secretarios están imbuidos de una especie de fervor cuasi religioso que se ha extendido en la academia, y ya contaminó al mundo fáctico de aplicación del Derecho, consistente en adorar a los derechos humanos en abstracto sobre todas las cosas, incluso sobre los derechos de las personas concretas que, como en este caso, resultan perjudicadas porque el derecho humano que presuntamente las protege acaba volviéndose en su contra.
Las víctimas son parte en el proceso penal precisamente para coadyuvar con la acusación a fin de que sus agresores reciban justo castigo, y no para ayudar a la defensa a conseguir la absolución de quien las ofendió.
Es muy importante que las ministras y ministros que tienen un compromiso auténtico con los derechos humanos en abstracto, se percaten de que involuntariamente pueden crear espacios para la impunidad.
Seguramente sin quererlo, seis integrantes de la Corte voltearon el Derecho de cabeza al comprarle al quejoso un argumento que los convirtió en defensores de un sentenciado cuya condena se basó en pruebas que ya habían sido debidamente valoradas por el Tribunal Colegido que ahora tendrá que volver a conocer del asunto, al que nunca debieron darle entrada en la Suprema Corte, cuyo prestigio se erosiona con decisiones como esta, que manda un pésimo mensaje, contrario al propósito que el gobierno ha denominado cero impunidad y que abre puertas laterales para que la defensa de los derechos humanos se convierta en el mecanismo de escape de delincuentes altamente peligrosos.
Investigador de El Colegio de Veracruz y Magistrado en Retiro.
@DEduardoAndrade
ORCID 0009-0002-4714-7408