La Presidenta Sheinbaum considera centrales estos puntos en su propuesta de reforma electoral. De entrada parece razonable que manteniéndose la representación de las minorías, esta responda a un criterio de mayor representatividad. Los diputados de representación proporcional (RP) electos con base en listas elaboradas por las cúpulas partidistas, surgen de la misma voluntad popular que elige a los uninominales, pero en el sentir de la gente persiste la idea de que no provienen de un verdadero ejercicio democrático. Entonces, un ajuste en el método representativo podría incrementar su legitimidad.
Ello se puede lograr asignando curules a los segundos lugares en cierto número de distritos o en lugar de preelaborar una lista, que esta surja del recuento de los votos. De prevalecer 200 cargos de RP, se distribuirían entre los partidos con base en su porcentaje nacional de votos pero generando la lista a partir de candidatos que en los distritos, no ganados por ese partido, alcanzaren la mejor votación. Si de acuerdo a su porcentaje se le asignaran a un partido 20 curules, estas las ocuparían sus 20 candidatos distritales no ganadores con mayor porcentaje de votación. Así todos los postulados tendrían que salir a ganar los votos.
La proporcionalidad plena que algunos propugnan no es recomendable porque tiende a la fragmentación política y no da mejores resultados democráticos pues dificulta la formación de mayorías operativas, obstaculizando con frecuencia la toma de decisiones.
El incremento de la participación a través de la consulta popular también abona a la mejora democrática. Conviene que la gente intervenga en decisiones de carácter público a través del referéndum o el plebiscito. El actual diseño de la consulta es muy limitante, pues una gran cantidad de materias están constitucionalmente excluidas. Es preciso redefinir los alcances de la participación en las urnas, no solo para elegir representantes sino también para definir políticas públicas.
En cuanto al costo, este no tiene por qué atribuirse a la democracia, cuya calidad no es mejor si la organización de las elecciones es más cara. El dinero público que se entrega a los partidos debe reducirse, el financiamiento partidista debería calcularse multiplicando el 0.65 de la UMA por los electores que efectivamente vayan a las urnas, y no por el número de inscritos en la lista nacional como se hace ahora. Ello obligaría a los partidos a promover la participación.
La función del INE es organizar elecciones, no promover actividades políticas o eventos académicos. Sin embargo, destina gastos a actividades no electorales. El año pasado promovió un concurso ¡de poesía! conjuntamente con la Asociación Civil Transformando tu Vida (Yaaj México), que tiene un claro posicionamiento ideológico y en su página web condena justificadamente planteamientos derechistas. Esta agrupación tiene todo el derecho de realizar esa actividad política, pero el INE no debería involucrarse en apoyarla porque compromete su imparcialidad ante personas que pueden pensar diferente. El gasto en esos actos no se justifica y debe ser recortado. Además, quedó demostrado en las recientes elecciones que es posible ajustar el número de casillas e incluso reducir las exigencias materiales de algunos programas que podrían desarrollarse con menos dinero.
Investigador de El Colegio de Veracruz y Magistrado en retiro. @DEduardoAndrade