Aunque la Presidenta de la República ha rechazado la posposición de la elección judicial programada para el año próximo, legisladores de su partido presentaron una interesante iniciativa de reforma constitucional que busca aplazar un año ese proceso electoral e incorpora un conjunto de ajustes necesarios para corregir las deficiencias que se observaron en la primera experiencia de elección de juzgadores.
En julio pasado, en estas mismas páginas, planteaba la necesidad de contar con más tiempo para preparar la siguiente elección señalando varios puntos que requieren corregirse. Es alentador que desde las propias filas gubernativas se observen estas áreas de oportunidad y se propongan medidas correctivas.
Se trata de modificar el método para evaluar las capacidades de los aspirantes. En lugar de criterios que resultaron insuficientes, como la obtención de determinado promedio de calificaciones, la iniciativa señala que los candidatos deberán contar con una certificación emitida por la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. Esto tiene sentido, porque si existe una institución creada para preparar al personal que labora en los órganos judiciales, es lógico que ella efectúe las evaluaciones para garantizar la adecuada preparación de quienes se postulen.
La competencia de quienes evalúen la idoneidad de los aspirantes también deberá sustentarse en una certificación de la Escuela Judicial y se sustituirían los tres comités evaluadores surgidos de cada Poder, por un Comité Único de Evaluación que verificaría las aptitudes de quienes busquen las candidaturas. Un punto débil del procedimiento anterior, fue la conformación de los Comités de Evaluación, la cual resultó altamente discrecional, oscura y deficiente, según los resultados obtenidos de sus evaluaciones. Muchas de ellas se efectuaron a través de una breve conversación telefónica, dada la celeridad con la que se organizó la elección y el enorme número de cargos en disputa en 2025.
La iniciativa recoge la necesidad de transferir la fecha de la elección a 2028. Esta podría enriquecerse si en el dictamen se realizara otro importante ajuste para la gradual adaptación del Poder Judicial. La elección siguiente de jueces y magistrados abarca unos 850 cargos; de ellos poco más de la mitad están vacantes. Si en 2028 se acudiera solo a la elección para cubrir esos puestos, se reduciría notablemente el número de candidatos al tiempo que se evitaría la fricción natural con miembros del Poder Judicial que se sienten empujados a perder sus cargos si no participan en el proceso electoral, lo cual ya abrió una línea de enfrentamiento con la Comisión Americana de Derechos Humanos que indebidamente ha admitido una demanda de quienes fueron desplazados a raíz de la elección anterior. En esas condiciones, convocar solo a elegir a quienes cubran las vacantes, podría facilitar la evolución positiva de la transformación del Poder Judicial.
@DEduardoAndrade Investigador de El Colegio de Veracruz y Magistrado en Retiro.
ORCID 0009-0002-4714-7408