Al escuchar BTS pensé que eran las siglas de alguna organización internacional, pues así suelen identificarse. Luego, cuando millones de sus fanáticos se quejaron de abusos en la venta de boletos, me enteré que se trataba de un grupo musical y después caí en la cuenta de que en realidad es ambas cosas. Grabé sobre el tema un vídeo de YouTube y me asombró la cantidad de comentarios que tuve de su fandom (grupo de fanáticos) denominado ARMY, organizado a escala mundial. Descubrí la enorme popularidad del grupo, pero también la importancia social que han adquirido sus mensajes, el contenido positivo de las letras de sus canciones e incluso su influencia en el escenario mundial, pues han participado en varios eventos de la ONU, de modo que no solo son un fenómeno musical, puesto que ellos mismos y su organización han adquirido un peso específico en la política internacional, y ahora en México su fandom ha planteado demandas muy serias en relación con la manipulación en la venta de boletos para espectáculos, criticando a la empresa organizadora de los conciertos de BTS; a la que pone a la venta los boletos y a las plataformas que distorsionan el mercado de reventa que encarece enormemente los precios. Es injusto que la alta demanda abra paso al abuso. A ello colabora el que no se anuncien los precios de cada localidad antes de iniciar la venta.
Esta irritación debe ser atendida por la autoridad y hay medios jurídicos para hacerlo, además de la gestión realizada ante el Ejecutivo coreano por la Presidenta que reaccionó ante lo importante de un movimiento en principio juvenil, pero que incluye a personas de diversas generaciones dispuestas a marchar para exigir, no más conciertos, sino el respeto a sus derechos como consumidores demandando un proceso equitativo de acceso a las entradas.
Además de las medidas anunciadas, la Profeco debe analizar la interposición de una Acción Colectiva (AC), que puede ser impulsada por los miembros de ARMY con motivo de su marcha. La AC sirve para proteger intereses difusos o colectivos y permite a los jueces ordenar precautoriamente que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la distorsión producida en el mercado. Se podría retrotraer el proceso de venta hasta su inicio en la empresa que originalmente distribuye los boletos. Por supuesto, surgirán complicaciones legales, ya que quizá habrá quien adquirió en reventa, pero se puede alegar que esa compra fue precedida de actos ilícitos, haciéndola anulable y obligando al revendedor a devolver el dinero. En paralelo podría intentarse abrir un procedimiento por prácticas monopólicas. La AC da amplio poder a los jueces para demostrar que el Poder Judicial está con las causas populares y contra las prácticas empresariales que dañan a la colectividad.
Estas ideas básicas pueden servir para construir un esquema de alternativas jurídicas dirigidas a proteger a los consumidores y poner en orden el mercado de boletos.