Y por mar también

Editorial EL UNIVERSAL

Por si no fuera poca cosa el grave problema del huachicol o robo de combustible, tanto interno como externo, que se realiza contra Pemex, incluso hasta atacando refinerías y plataformas petroleras en altamar, ahora se revela otro flagelo más contra la soberanía en materia de energéticos de nuestro país: el contrabando de gasolinas y diesel que se ejecuta no solo por aire y tierra, sino también por mar, constituyendo uno de los flancos más desprotegidos y sensibles de la seguridad nacional.

Y es que si el fenómeno del huachicol ha crecido a niveles alarmantes y ha costado miles de vidas tanto por enfrentamientos entre delincuentes y fuerzas del orden, como por las fugas y explosiones provocadas al momento de “ordeñar” ductos y tanques de almacenamiento, es porque hay un mercado que está dispuesto a pagar con tal de tener un ahorro en el precio que paga por los combustibles.

Y es por esa demanda que los delincuentes que han encontrado en el huachicol un modo de subsistencia, escalan sus acciones de maneras cada vez más agresivas y riesgosas, ignorando por un lado el peligro que constituye el perforar ductos y que ha ocasionado tragedias como la de Tlahuelilpan, Hidalgo, en enero de 2019, que costó la vida de 137 mexicanos y lesiones a muchas decenas más.

También los criminales incrementan su agresividad asaltando medios de transporte de hidrocarburos como las pipas que distribuyen por carretera y hasta en actos de pirataje declarado al abordar buques y otras embarcaciones marítimas encargadas del traslado de combustibles, o hasta llegar al extremo de incursionar en plataformas marinas, que se consideran instalaciones altamente sensibles para la seguridad nacional.

En cuanto al contrabando, éste se efectúa tanto de manera clandestina al ingresar los combustibles procedentes en su mayor parte desde Estados Unidos, por tierra, por avión o ahora por mar; o por los puntos oficiales de entrada de mercancías al país, como lo son los puertos y aduanas, pero empleando para ello actos de corrupción y comprando la complicidad de las autoridades encargadas de su vigilancia y administración.

En un intento para evitar la corrupción, el gobierno ha puesto bajo la custodia de militares los puertos y aduanas, mientras que para atacar el contrabando marítimo que se efectúa de forma clandestina, la Secretaría de Marina apuesta por un sistema de vigilancia por drones, para detectar las operaciones de ingreso de combustibles ilegales que se realizan principalmente por el Golfo de México. Ojalá que la medida sea efectiva por el bien de la tan debilitada industria energética nacional.

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