El país inicia hoy un camino que tendrá como punto destacado el 6 de junio de 2021 cuando millones de mexicanos asistan a las urnas para participar en las elecciones más grandes de la historia. Será un proceso en el cual la imparcialidad del gobierno estará a prueba al igual que la tentación de interferir en el proceso, luego de que en junio pasado el titular del Ejecutivo señaló que se convertiría en “guardián” de las elecciones.
El sistema electoral mexicano no es perfecto, pero ha sido clave en la transición de 2000 y en la de 2018 para la llegada al poder de un partido de izquierda por primera vez en el país. Además, fue construido y consolidado por todas las fuerzas políticas, así como por organizaciones civiles, e incluso ha sido modelo en la realización de comicios en varias naciones alrededor del mundo.
Desde la presidencia se cuestiona el elevado costo de los procesos electorales y del cuantioso presupuesto que se destina al Instituto Nacional Electoral, el organismo encargado de organizar los comicios. Al menos la mitad del presupuesto se destina para el financiamiento de los partidos, con el fin de evitar que grupos de poder -o incluso delictivos- se inmiscuyan en la vida política. La ley establece de manera precisa cómo debe ser el reparto para cada agrupación política. Cualquier cambio en la reducción del gasto en las elecciones debe pasar por una modificación a la legislación electoral, situación que no se encuentra en las manos del INE.
Las descalificaciones y críticas al árbitro antes de iniciar el juego pueden predisponer a clientelas políticas para condenar también a la institución electoral y enrarecer el inicio de la búsqueda de posiciones en el Congreso y en los puestos que estarán en disputa a nivel local. Sobre todo en un país en que los actores políticos se han caracterizado por no reconocer sus derrotas y usualmente eligen judicializar los resultados —a lo cual tienen todo derecho— para tratar de conseguir en el tribunal electoral lo que no se obtuvo en las urnas.
