En los últimos meses el país ha conocido la situación que vivió la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuando un grupo armado disparó contra civiles y en las horas siguientes se vivió un virtual toque de queda. Las calles se vaciaron por el temor a ser blanco de alguna agresión.

También se ha documentado el ambiente que se vive en poblados de Zacatecas (Jerez, Monte Escobedo, Tepetongo y Valparaíso), donde integrantes de cárteles del crimen organizado comenzaron a ingresar con rostros cubiertos y armamento para llevarse por la fuerza a jóvenes, presuntamente para enlistarlos en sus filas. El despojo de propiedades es otra de las duras realidades que padecen los pobladores.

En Michoacán el escenario es similar. Habitantes de los municipios de Aguililla y Coalcomán relatan historias de terror, que desgraciadamente no son nuevas en la historia de violencia que varias regiones han enfrentado desde hace más de una década. Una mujer cuenta que en junio pasado hombres armados irrumpieron en el terreno de su propiedad, mataron a su esposo y abusaron sexualmente de ella. Le dieron tres horas para huir o la matarían junto sus hijos.

En Reynosa, con alrededor de 700 mil habitantes, la vida sigue. Quienes salieron de la ciudad lo hicieron hace varios años, pero el grueso de la población se ha quedó y tuvo que aprender lo que debe hacer en caso de un enfrentamiento armado: no correr y tirarse al suelo y reportar que están con vida. Antes de salir de sus casas consultan las redes sociales, que se han vuelto el medio más común para informar de situaciones de violencia.

En las pequeñas localidades de Zacatecas y de Michoacán, con apenas unos miles de habitantes, la situación es distinta. La autoridad local es borrada —a veces literalmente— de la escena. La única opción es salir, huir, dejar atrás sus muertos, sus pertenencias, sus animales, maquinaria y vehículos.

La cifra más reciente refiere que 22 mil personas han huido de la violencia en Michoacán en lo que va del actual gobierno federal. Buena parte de ellos ha solicitado y conseguido asilo en Estados Unidos.

Seguir viviendo en la tierra que los vio nacer ya no resultó opción. Las agresiones y el despojo de que fueron víctimas no importó para ninguno de los tres niveles de gobierno. Sus voces fueron ignoradas.

Ante el clima de terror en algunas zonas no caben los oídos sordos ni la pasividad; eso podría entenderse como una señal para que el crimen siga en esa ruta. Definitivamente sería una mala señal.