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El Inegi tiene cifras preocupantes en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) para 2019. Ese año las autoridades de todos los niveles (federal, estatal y local) tuvieron conocimiento de más de 16 millones de delitos, de los cuales más de 15 millones y medio quedaron sin investigar.
Del poco más del millón que llegó a ser investigado, apenas un aproximado de 58 mil infractores fueron presentados ante un juez, lo que se traduce entre un 5% y 7% de efectividad de la denuncia, y por consiguiente de hasta un 95% de impunidad, cifra que se ha mantenido constante en los últimos años, según un ejercicio de comparación efectuado por EL UNIVERSAL.
Las razones detrás de este altísimo y preocupante índice de impunidad las ofrece también el Inegi en cifras que resultan altamente reveladoras: la mayoría de las agraviadas (más de 4 millones) no denunciaron por considerarlo una pérdida de tiempo, otros 2 millones por desconfianza manifiesta en las autoridades y un millón más por considerar que la falta cometida era de poca importancia o porque no se contaba con pruebas para ratificar la denuncia.
Otras causas son por miedo al agresor, por temor a ser extorsionadas o porque encontraron hostilidad por parte de los encargados de impartir justicia, o porque el trámite es prolongado y exige invertir un tiempo que muchas veces la denunciante no tiene o que pone en riesgo o compromete otras de sus actividades. También a ese elevado índice de impunidad abona que muchas de las agresiones se producen en el ámbito familiar.
Evidentemente todas las causas, de algún modo u otro, tienen que ver con una autoridad que no ejerce como tal, que no brinda la protección necesaria o un apoyo que reconforte a víctimas que están pasando por momentos críticos y de gran tensión emocional, o que no muestra el interés que debiera en hacer justicia y sentar precedente para que otros no intentaran siquiera agredir a las mujeres.
Todo eso, en conjunto, explica el enojo que las mujeres han manifestado de manera creciente en los últimos meses, porque no tienen en quién confiar ni parecen ser escuchadas ni mucho menos atendidas.
No se debe alentar la impunidad ni la normalización de la violencia, por el contrario debe prevalecer la voluntad de disuadir cualquier conducta que vulnere la tranquilidad de las mujeres y su derecho a vivir, desplazarse y trabajar en un México que las respete, considere y aquilate en toda su valía.
