Con candidatos asesinados, secuestrados, amedrentados, amenazados, el panorama de las elecciones del próximo 6 de junio se contempla cada vez más enrarecido por la violencia que en algunos estados ha golpeado a quienes aspiraban a ser electos para ocupar cargos públicos.
Si bien en un inicio la secretaria de Gobernación desestimó la violencia al decir que no había denuncias por parte de los aspirantes a puestos de elección, y por tanto no podía certificarse que hubieran amenazas reales que pusieran no solo en riesgo el proceso electoral sino la propia integridad física de los contendientes e incluso de los votantes, ahora reconoce que se trata de un asunto de gobernabilidad, aun cuando a lo largo de toda la campaña se guardó un silencio casi sepulcral sobre el tema y solo una vez que ya están en puerta los comicios, y que se vislumbra y teme un agudizamiento de la violencia, se admite que hay un grave riesgo en las votaciones.
Se recuerda que en 1988, cuando solo faltaban unos cuantos días para la cita con las urnas, dos miembros muy cercanos del equipo del candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, fueron asesinados. Ello fue en un tiempo en que podía decirse que la violencia era únicamente de carácter político, mientras que ahora puede decirse que se trata de violencia criminal, donde la delincuencia organizada tiene cada vez, desde las sombras y la clandestinidad, una mayor participación.
La violencia política siempre ha existido, ha sido un constante riesgo ser un aspirante a un puesto de elección popular, a veces por las rivalidades entre candidatos o porque un cambio de poder o de sistema de gobierno puede afectar intereses particulares o regionales de quienes tratarán de defender a toda costa que las cosas sigan igual. También los procesos electorales se han visto sometidos a prácticas violentas como el robo de urnas o el amedrentamiento a electores para hacerlos desistir de ejercer el voto.
Hoy, sin embargo, la violencia electoral viene de un actor nuevo que es el crimen organizado, que no solo atenta físicamente contra los participantes en la contienda y las campañas, sino que también mete mano y elige o pone candidatos acorde a sus intereses, costea sus campañas, e intimida a los contrarios con el fin de sacarlos de la elección. Parece ser que ahora son los criminales y no los electores, los que pueden decidir quién puede continuar en la contienda y quién no.
Es un grave problema que no se ha atendido y que desde la cúpula del gobierno se ha minimizado o esquivado. Pero es tiempo de ver y entender las cosas como realmente son: un peligro para la estabilidad nacional.