Menos de una tercera parte de los familiares de mexicanos fallecidos por Covid han recibido del gobierno la ayuda económica que se prometió para apoyar sus gastos funerarios. El apoyo, consistente en un monto de 11 mil pesos por difunto, se reparte a cuentagotas y prácticamente a regañadientes, buscando la mínima excusa para negarlo.
Si bien el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) reconoce haber recibido 203 mil 352 solicitudes de ayuda por este concepto, sólo un poco más de 83 mil han sido aprobadas y apenas más de 57 mil casos se han hecho ya los depósitos.
Las causas de rechazo de esa ayuda tienen que ver en gran parte de los casos con la no acreditación de la consanguinidad o dependencia económica del solicitante con el difunto; también no se han autorizado por que en las actas de defunción no se especifica que la causa de muerte fue el Covid-19, aun cuando se especifica en la lista de requisitos que en el documento se asiente como patología confirmada, como en sus variantes de probable o sospechosa.
También son las consecuencias de la errónea política de México de no hacer pruebas solo por ahorrarse unos pesos, pues como no se tiene la certeza de quiénes realmente murieron por coronavirus, a unas 100 mil personas ahora les están rechazando el apoyo económico como deudos, pues aunque los fallecidos presentaron todas las características de la enfermedad, como no hubo pruebas de por medio, se rechaza el trámite sin más ni más. En algunos casos se trata de quienes eran el sostén de la familia y sin ellos han quedado en el desamparo.
Vuelve así el fantasma de los fallecimientos por “neumonía atípica” que el propio Hugo López Gatell admitió, después de meses, que casi invariablemente se refiere a muerte por Covid-19 debido a la ausencia de pruebas a los pacientes. Se confirma, de esta forma, que la decisión de ignorar la recomendación de la OMS de realizar pruebas masivas tuvo consecuencias más allá del manejo mismo de la epidemia.
Es lamentable que el gobierno que dijo condolerse de las familias que han perdido a uno o varios de sus miembros a causa de una enfermedad que el propio Estado no pudo controlar con sus políticas erróneas de prevención y contención, sea el mismo que meta a los deudos en un laberinto burocrático en el que muy dificilmente podrán encontrar la salida, situación que para muchos solo viene a hacer más profundo su dolor y los sume en un pozo de deudas y cuentas por cubrir. Es necesario una mayor empatía y humanismo de un gobierno que presume de serlo.
