La política prohibicionista del consumo de marihuana quedó prácticamente extinta en el país con la resolución que adoptó ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hace casi seis años, en noviembre de 2015, el máximo tribunal dio el primer paso cuando otorgó un amparo a integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) para el consumo personal de marihuana con fines lúdicos y recreativos que, dos años antes, en 2013, habían tramitado un amparo para sembrar, transportar y consumir marihuana de manera individual. El argumento: la prohibición viola el derecho humano a elegir y al libre desarrollo de la personalidad.
A partir de 2015 comenzó un largo recorrido para que el Poder Legislativo estableciera en las leyes lo que la Corte había determinado, pero el Congreso falló en plasmar de manera expedita la norma que permitiría la ampliación de las libertades para la sociedad. Tres plazos fijó la Corte para que diputados y senadores regularan la marihuana recreativa, pero tres veces incumplió el Congreso en emitir leyes que acataran lo establecido por los ministros.
En un fallo de avanzada, que muestra la actitud liberal de la Suprema Corte y su apego estricto a la defensa de los derechos humanos, el máximo tribunal declaró inconstitucionales artículos de la ley de salud que prohíben el consumo de marihuana. El incumplimiento y lentitud del Congreso lo acerca más a aspectos conservadores que a defender las libertades ciudadanas.
Con la resolución no queda resuelta la falta del Poder Legislativo, por ahora solo se facilita la forma para que la Secretaría de Salud otorgue autorizaciones. Diputados y senadores tendrán que regular la materia en la que no han podido alcanzar acuerdos, a pesar de que el partido oficial ha dominado hasta hoy ambas cámaras.
La medida pone de relieve dos asuntos que como país se deben tener siempre presentes. En primer lugar que las luchas ciudadanas por la promoción de los derechos humanos encuentran al final resultados favorables, aunque esta vez la actuación de legisladores haya pretendido escamotearlos con un innecesario alargue. Además, que, como sociedad democrática, el país se rige por tres poderes, de los cuales el Poder Judicial tiene una función clave: hacer respetar el Estado de Derecho y privilegiar su carácter de defensor de garantías, lo cual ayer demostró una vez más.